Las Pandillas en El Salvador: ¿Un Nuevo Tipo de Insurgencia?

Las Pandillas en El Salvador: ¿Un Nuevo Tipo de Insurgencia?

Juan Ricardo Gómez Hecht

San Salvador, August 2017

…no todos los conflictos armados se pueden categorizar como “guerras”

 (Metz, 2012). 

INTRODUCCIÓN

El mundo actual se caracteriza por la emergencia de nuevos actores cuyas actividades se configuran en una seria amenaza a la seguridad nacional de los Estados. La mayoría de países luchan para mantener su integridad política, económica y territorial frente a desafíos de diversos actores no estatales. Estos actores atentan contra la soberanía de los Estados al impedir que se constituyan en la única fuente de autoridad para legislar y hacer cumplir las leyes, así como de hacer valer dentro de su territorio la universalidad de sus decisiones y regular los negocios entre personas.

El fenómeno anteriormente descrito, refleja el fracaso de muchos Estados de satisfacer efectivamente las necesidades y expectativas mínimas de orden, tranquilidad, seguridad y bienestar general de su población. Ante lo expuesto, se puede aseverar, que el problema de seguridad más insidioso que enfrentan los Estados actualmente, se centra en la amenaza a su capacidad para asegurar y controlar su territorio, así como de las acciones de actores no estatales que buscan generar un cambio violento dentro de los Estados mismos (Reed, 2007).

Estos actores no estatales violentos (ANEV) se ven beneficiados por los cambios significativos que caracterizan al mundo contemporáneo y que están alterado la naturaleza del conflicto y el crimen. Los cambios en los ámbitos tecnológicos y organizacionales han permitido aumentar el poder de los ANEV. La revolución de la información les ha permitido ejercer su poder y extender su influencia rápidamente a través de vastas distancias sin limitantes geográficas. Acompañando este acceso y la habilidad para trasladar información por medio de la Internet, telefonía celular y otras tecnologías digitales emergentes, se está dando un cambio de formas jerárquicas de organización a la organización en red (Sullivan, 2000).

La lucha contra los ANEV no es una novedad, a través de la historia, los ejércitos y armadas de los distintos países han pasado más tiempo combatiendo contra el bandolerismo y la piratería que contra cualquier otro tipo de amenaza a la seguridad (Metz, 1993). Actualmente lo interesante resulta ser que algunos de estos ANEV  pueden ser categorizados como insurgentes. Éstos, para alcanzar sus objetivos están emprendiendo nuevas formas de insurgencia con el potencial de reconfigurar a los Estados que afectan (Metz, 2012).

El Salvador no es ajeno a esta problemática. En el país se identifican a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 como actores no estatales que amenazan la viabilidad del Estado salvadoreño. Este fenómeno debe ser sometido a análisis porque: primero, a través de sus actividades criminales las pandillas generan considerable niveles de violencia, inseguridad e inestabilidad; segundo porque reducen la capacidad efectiva del Estado de controlar segmentos del territorio nacional y; tercero, porque erosionan la legitimidad y soberanía estatal. Además al generar estos efectos perniciosos, las pandillas pueden categorizarse como un nuevo tipo de insurgencia y por tanto, no pueden considerarse más como un fenómeno propio del ámbito de la seguridad pública.

Tradicionalmente, se ha concebido a las pandillas como un problema de seguridad pública y la insurgencia principalmente como una actividad militar. Sin embargo, los movimientos insurgentes y las denominadas pandillas de “tercera generación[i]” están inmersos en un complejo acto político y de guerra política. En estas condiciones, debería la policía y las fuerzas militares proporcionar la seguridad y la tranquilidad personal y colectiva, mientras otras instituciones gubernamentales se incorporan a la lucha contra las causas de la inestabilidad y la guerra política, la injusticia, la represión y la corrupción (Manwaring, 2005). Por lo tanto, es importante determinar si las pandillas en El Salvador representan un nuevo tipo de insurgencia dado que confrontar las nuevas amenazas de seguridad con ideas y estrategias obsoletas o inapropiadas es una receta para el desastre (Metz, 2012). Frente a nuevos tipos de organización, con diferentes estructuras, métodos de operar y objetivos estratégicos se requiere de la formulación de nuevas estrategias y aproximaciones doctrinales (Hoffman, 2007).

En la presente investigación, en relación a la problemática expuesta, se sostiene la siguiente tesis: Las pandillas en El Salvador (MS-13 y Barrio 18) pueden considerarse que son un nuevo tipo de insurgencia criminal que amenaza la viabilidad del Estado salvadoreño al generar inestabilidad en el país, reducir la capacidad estatal de controlar partes del territorio nacional y  erosionar la legitimidad y la soberanía nacional,  todo con la finalidad de garantizarse la libertad de acción para beneficiarse comercialmente.

METODOLOGÍA

La investigación realizada es de tipo teórico con enfoque cualitativo. El método utilizado es descriptivo sobre la base del estudio de caso. La investigación se limitó explorar la teoría relacionada a los conceptos de insurgencia, seguridad pública y seguridad nacional,  a efecto de determinar si las Pandillas en el Salvador podían ser categorizadas bajo la primera y valorar los efectos de sus actividades en las últimas. En este orden de ideas, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de libros, revistas especializadas, informes, manuales, periódicos y páginas web, relacionada con el objeto de estudio, quedando registrada aquella información de interés en la respectiva ficha documental.

Para facilitar el análisis también se utilizó la técnica de análisis de sistema (Randers, 1980; Senge, 1990) para identificar sus actores, relaciones y dinámicas y construir un diagrama sistémico que permitiera su comprensión, así como fuera de utilidad a futuro, para analistas e investigadores con interés en el tema.

MARCO TEÓRICO

La investigación gira sobre varios temas clave: la seguridad pública, la seguridad nacional y la insurgencia. Temas cuyos elementos teóricos se abordan a continuación:

SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL

La Seguridad Pública es entendida en la doctrina militar salvadoreña como:

…la situación social interna que permite el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados por la Constitución y demás leyes secundarias de la República, ante las posibles perturbaciones a la tranquilidad y el orden público, por lo que constituye un componente de la Seguridad Jurídica en el ámbito interno (CODEM, 2003, p.. 25).

La Seguridad Pública, por tanto, es el ámbito interno del dinámico y más amplio concepto de Seguridad Nacional el cual subsume a ésta. La Ley de la Defensa Nacional de El Salvador (2002) en el artículo 4 No. 1 define a la Seguridad Nacional como el:

Conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos internacionales, perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aquellas vulnerabilidades que limiten el desarrollo nacional y pongan en peligro el logro de los objetivos nacionales (Ley de la Defensa Nacional, 2002, p.2).

El concepto de Seguridad Nacional[ii] también está relacionado y subsume el concepto de la Defensa Nacional que es definida por la antes referida ley (art. 4 No. 1) como el: “Conjunto de recursos y actividades que en forma coordinada desarrolla el Estado permanentemente en todos los campos de acción, para hacer frente a una amenaza a la soberanía nacional y la integridad del territorio” (Ley de la Defensa Nacional, 2002, p.3).

La relación entre los tres conceptos expuestos se puede representar en un modelo sistémico (Ver Figura 1). Al analizar el mismo se aprecia que el modelo refleja que la Seguridad Nacional al propiciar el logro de los objetivos nacionales tanto en el ámbito de la Seguridad Publica como en el ámbito de la Defensa Nacional genera una dinámica de retroalimentación positiva (R+)[iii] que refuerza el sistema. En este sentido, a mayor Seguridad Nacional mayor el logro de los objetivos nacionales, a mayor logro de los objetivos nacionales en los ámbitos de Defensa Nacional y Seguridad Publica mayor Seguridad Nacional. También el sistema se retroalimenta positivamente en manera inversa o sea, que a menor Seguridad Nacional menor el logro de los objetivos nacionales, afectándose todo el sistema en esta misma dirección. La retroalimentación negativa o de estabilización del sistema lo introduce la relación entre las amenazas[iv] y el logro de los objetivos nacionales. En este orden de ideas, a mayor existencia amenazas que obstaculizan el logro de los objetivos nacionales en los ámbitos de Defensa y de Seguridad Publica menor seguridad nacional y viceversa.

Todo gobierno está en la obligación de garantizar la Seguridad Pública y la Defensa Nacional.  En El Salvador está expresamente delimitado que “…la Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán adscritas a Ministerios diferentes. La Seguridad Pública estará a cargo a la Policía Nacional Civil” (Constitución de la República de El Salvador, art.159). En el ámbito de la Defensa Nacional el rol protagónico lo asume la Fuerza Armada. Asimismo, el Presidente de la República puede utilizar a ésta “…excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública…” (Constitución de la República de El Salvador, art.168, No. 12).

Existen tres parámetros que permiten medir el cumplimiento de las obligaciones y el mantenimiento de sus funciones que deben cumplir los gobiernos estatales:

1. “Garantizar la seguridad: la preservación de la soberanía sobre todo el territorio, el mantenimiento del monopolio de la fuerza y la protección de amenazas internas y externas.
2. Garantizar los servicios básicos: atención al desarrollo o mantenimiento de los sistemas sanitarios, hídricos, energéticos y de comunicación y transporte a escala estatal. No se integran, aunque se deben valorar, otros servicios fundamentales para el desarrollo; como el sistema educativo, la administración de la Justicia, la promoción de actividades económicas y la protección de los recursos.
3. Garantizar las libertades ciudadanas que legitimen el sistema político: el fomento y la protección de las garantías constitucionales, comenzando por el respecto a los derechos humanos, se manifiestan como el más trascendental instrumento para la obtención del respaldo social” (Sepúlveda, 2013).

La inestabilidad producida por la falta de alguno de los componentes de estas garantías y la presencia de los déficits de seguridad, servicios y legitimidad hacen que el sistema se vaya debilitando y descienda a niveles de ingobernabilidad (Foreign Policy en Sepúlveda, 2013). Un prerrequisito por tanto, para alcanzar la gobernabilidad^[v] es la capacidad gubernamental para  extraer (a través de la imposición de impuestos) y proveer aquellos bienes colectivos de seguridad y bienestar para su población, así como un acertada administración de la economía (Williams, 2015).

LA INSURGENCIA

Los aspectos esenciales de la guerra de guerrillas, favorecida por todo movimiento insurgente de evadir las fortalezas del enemigo, la utilización “inteligente” del terreno y el golpear los centros logísticos desde lugares inesperados, ha cambiado muy poco desde los días de los romanos y los persas. En el siglo XX la adición del pensamiento revolucionario tornó a la guerra de guerrillas en una forma poderosa de conflicto para el logro de objetivos políticos (Reed, 2007).

A pesar de lo señalado, las insurgencias en el Siglo XXI divergen significativamente de las insurgencias “clásicas” del pasado. Los nuevos tipos de insurgencia se anidan en conflictos complejos, multidimensionales, que revisten componentes políticos, sociales, culturales y económicos. Las insurgencias contemporáneas surgen de la falta o debilidad del Estado y de fallas más generales en los sistemas culturales, sociales y económicos. Dado su carácter sistémico estos nuevos tipos de insurgencia no pueden ser únicamente enfrentados por las fuerzas militares y de seguridad, su abordaje requiere de la utilización del poder estatal en todos sus ámbitos  (Metz, 2012).

No obstante, de las diferencias entre las actuales insurgencias y aquellas del pasado, sus tres objetivos primordiales no han variado: a) sobrevivir, b) fortalecerse y c) debilitar al Estado. Igualmente, no han cambiado las tres mayores e interrelacionadas luchas entre el Estado y los movimientos insurgentes: 1) La lucha por la legitimidad; 2) la lucha por las percepciones de la población y; 3) la lucha por la seguridad versus la disrupción del sistema (Metz, 2012a; Hoffman, 2012).

Dada su relativa debilidad, las insurgencias continúan ciñéndose a la estrategia de entablar el conflicto lejos de los dominios en que los Estados son particularmente fuertes, concentrando sus esfuerzos en lograr el dominio moral y sicológico que le reditúa mayores beneficios que el desafiar los centros del poder tangible (Metz, 2012 a). Los nuevos tipos de insurgencia no pretenden alcanzar una victoria estratégica, sus fines se asemejan más a un violento y fluido mercado competitivo, cuyos objetivos son más limitados y alcanzables, por tanto, no se aspira a lograr el control total del mercado sino sólo su dominación (Metz, 2012).

La insurgencias de la actualidad no pretenden derrocar gobiernos sino entablar una lucha violenta contra el Estado por la legitimidad e influencia de significativas porciones de la población (North, 2008). Además, los ANEV involucrados en este tipo de insurgencias tienen una base reticular, son flexibles y tienen un enfoque transnacional. (Reed, 2007). El aumento de estas redes significa que el poder está migrando a los ANEV, sobre todo porque este tipo de actores son capaces de organizarse en extensas redes multi-organizacionales con mayor facilidad que, los tradicionales y jerárquicos actores estatales (Reed, 2007). Importante también, resulta conocer el adagio que recorre todas las insurgencias en la actualidad, que se sintetiza en: “aprender y adaptarse” (Hoffman, 2007). En un mundo contemporáneo caracterizado por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (VICA[vi]), la adaptabilidad es una cualidad esencial para complementar la falta de previsibilidad presente en el entorno.

Otro aspecto relevante a considerar lo constituye la cantidad y diversidad de ANEV presentes en el espacio de batalla de la guerra irregular. Esta circunstancia torna difícil el definir la naturaleza del oponente, así como la evaluación de su estrategia, estructura y medios. La credibilidad de los gobiernos va ser cada vez más desafiada por los ANEV, obligando a éstos a demostrar a su población que son capaces de proveer niveles aceptables de gobernabilidad y seguridad. Bajo estas circunstancias las insurgencias del siglo XXI se enfocan en la lucha por la percepción de la población a efecto de lograr su aceptación. Cualquier insurgencia que opere dentro de su propia ‘”comunidad” es difícil de detectar y combatir (Hoffman, 2007).

La insurgencias del siglo XXI pueden conceptualizarse como “…la expresión armada de una desafiliación orgánica interna y política[vii]” (Cable en Bach,1996). Bajo este concepto el meollo de la lucha lo constituye el objetivo de establecer la autoridad sobre una determinada población en un determinado espacio geográfico. Los dos únicos instrumentos con algún efecto en la lucha, lo constituyen la percepción popular de legitimidad y la credibilidad en la capacidad de poder ejercer la coerción. La percepción de legitimidad se basa en la habilidad de cualquier grupo de ganarse la simpatía de la comunidad. En este sentido, la implementación de políticas gubernamentales ineficaces erosiona la credibilidad en la comunidad de la autoridad moral del gobierno.

En lo que concierne a la coerción, el uso indiscriminado de la violencia y las medidas de seguridad deteriora las percepciones populares de legitimidad desencadenando un círculo vicioso en que la autoridad se ve obligada a recurrir a la represión y el mayor uso de la coerción  acarrea una mayor pérdida de legitimidad (Bach, 1996). En el caso del combate de una insurgencia, la coerción está presente cuando se desata la confrontación estatal contra los insurgentes; de ser esta efectiva, el ciclo de retroalimentación se torna negativo (1R-) en el sentido, que a mayor efectividad de las medidas coercitivas, mayor legitimidad, mayor credibilidad y mayores niveles de gobernabilidad lo que a su vez reduce la necesidad de implementar las medidas coercitivas. Igualmente se observa otro ciclo de retroalimentación negativa, en el cual al incrementarse la efectividad de la confrontación estatal se disminuye la Insurgencia (2R-) y en caso de disminuir la efectividad de la confrontación estatal aumentaría el poder de la Insurgencia Criminal. Asimismo se puede percibir que entre los nodos de efectividad, legitimidad, credibilidad y gobernabilidad hay un ciclo de retroalimentación positiva (R+), lo que significa que a mayor efectividad se incrementan los niveles de los demás nodos, pero de disminuir la efectividad disminuiría los niveles de todo el ciclo (Ver Figura 2).

Metz (1993) considerando, que en el análisis de las insurgencias los factores psicológicos prevalecen más que los factores estructurales, vislumbraba que dos tipos de insurgencia iban a dominar el mundo post-Guerra Fría. Una que denominó insurgencia “Espiritual”, descendiente de la insurgencia revolucionaria de la Guerra Fría y que es potenciada por los problemas que surgen de la modernización, la búsqueda de significado y la justicia. La esencia de la insurgencia “Espiritual” la constituye el rechazo del sistema social, económico y político. La otra, que denominó “Comercial” es potenciada por la búsqueda de riqueza y cuya fundación sicológica se basa en un distorsionado entendimiento de la cultura popular occidental que equipara la riqueza con el valor personal y el poder.  La insurgencia comercial deviene en una distorsión cuasi política del materialismo.  Además señalo que en el “Tercer Mundo[viii]” la naturaleza de ambos tipos de insurgencia iba a ser modificada por una escalada en los niveles de urbanización, crecimiento poblacional, deterioro ambiental y la explosión en tecnologías de la comunicación e información (TIC’s).

Así mismo, Metz (1993) sostiene que actualmente al menos dos factores psicológicos entraman la relación entre insurgencia y la búsqueda de significado. El primero, lo constituye el enlace entre la violencia y la liberación. En este factor la participación en la violencia libera espiritualmente a aquel que se siente abusado, reprimido o alienado por un sistema político-social (Fanon, 1961). El segundo factor, lo configura la estimulación psicológica, la violencia se torna adictiva y la violencia política provee un tipo de estimulación que contrario al crimen, es moralmente edificante.

En lo que respecta a la insurgencia “Comercial” esta deviene cuando los ciudadanos del “Tercer Mundo” comparan su pobre existencia con el tipo de vida consumista propio del “Primer Mundo” occidental. La disparidad existente entre ambos tipos de vida genera frustración y descontento en los primeros. La ruta más fácil y rápida para ascender en una sociedad desprovista de movilidad social es incursionar en el crimen. Esta decisión se facilita para los frustrados y descontentos del “Tercer Mundo” al no sentir apego por los sistemas de valores dominantes en su sociedad. La insurgencia “Comercial” se sintetiza en una generalizada y sostenida actividad que se expande hasta amenazar la seguridad del Estado. El surgimiento de una insurgencia “Comercial” es dependiente de una serie de factores que permite a las organizaciones criminales acumular una substancial riqueza. Entre estos factores se mencionan ubicación geográfica en rutas de tráfico de todo tipo de ilícitos, débiles sistemas políticos y legales, así como una historia de violencia política y presencia de organizaciones criminales (Metz, 1993). En la evolución de las insurgencias se ha pasado del agravio y la reivindicación a la ambición (Metz, 2012).

Tomando como base el concepto de insurgencia “Comercial” de Metz, Sullivan (2009), concibió la categoría de insurgencia “Criminal”[ix]. Este tipo de insurgencia tiene como su única motivación política el obtener autonomía y control económico de partes del territorio de un Estado con el objeto de poder llevar a cabo sus actividades criminales en total impunidad y beneficiarse económicamente.

En la insurgencia “Criminal” los ANEV toman una posición significativa en el horizonte del conflicto. Los diversos ANEV[x] con una organización reticular desafían a las estructuras de poder Estatales, a través del desencadenamiento de elevados niveles de violencia, actos de terrorismo y ataques contra policías, fuerzas militares y funcionarios públicos y judiciales. Igualmente generan elevados niveles de inseguridad e inestabilidad constituyéndose de esta forma en una amenaza no solo a la Seguridad Pública sino a la Seguridad Nacional. Las insurgencias “Criminales” (IC) son el resultado de organizaciones criminales que compiten contra el Estado, no por el poder político sino por más bien para liberarse del control estatal para maximizar los beneficios de sus actividades económicas ilícitas. Éstas desafían la legitimidad estatal a fin de granjearse una zona autónoma fuera del control del Estado  (Sullivan & Bunker, 2011).

Las IC pueden existir en diversos niveles: a) Insurgencias Locales: que existen sólo en un barrio o comunidad fallida donde las ANEV dominan el territorio y la vida política, económica y social con el objeto de conformar un enclave criminal libre de la inherencia estatal; b) La IC que lucha con el Estado con el objeto de establecer un estado paralelo, cuyos niveles de violencia afectan al público en general y las fuerzas policiales y militares buscan contener la violencia y frenar la erosión de la legitimidad gubernamental; c) En el tercer nivel la IC confronta al Estado para mantener o sostener su rango de acción. En este caso el Estado reprime y toma acción para desmantelar a los ANEV y éstos se resisten al embate Estatal y contratacan; d) En el cuarto nivel el Estado pierde su capacidad de responder ante la IC, la violencia criminal de alta intensidad se sale fuera de control y el efecto acumulativo de una sostenida y desenfrenada actividad criminal socava la legitimidad del Estado dando lugar a la implosión del Estado (Sullivan & Bunker, 2011.Ver Figura No. 3).

La IC libra una batalla por quien gobierna. Las organizaciones criminales involucradas en la misma, desafían al Estado con el objeto de liberarse de su control a efecto de poder maximizar sus ganancias provenientes de circuitos económicos globales ilegales. El logro de su objetivo se basa sobre su libertad de movimiento, la legitimidad percibida por las comunidades o población que explotan o de las cuáles extraen recursos y la complicidad o aquiescencia de actores políticos (Sullivan & Bunker, Rethinking insurgency: criminality, spirituality, and societal warfare in the Americas, 2011). La IC puede representarse dinámicamente de acuerdo a la Figura No.4.

En el modelo puede apreciarse un ciclo de retroalimentación positiva (R+) en el cual la Insurgencia Criminal desata mayores niveles de violencia, lo que a su vez genera mayor inestabilidad, que permite establecer el control territorial necesario, para lograr autonomía, que le permita actuar con total impunidad y de esta forma obtener mayores beneficios económicos, lo que a su vez fortalece el poder de la IC. Este ciclo de retroalimentación positiva es estabilizado por la dinámica de retroalimentación negativa (R-) que se genera cuando el Estado decide confrontar a la IC. A mayor efectividad de la confrontación estatal se debilita la IC, logrando cambiar el ciclo de ésta, tornándolo en un ciclo de retroalimentación positiva pero de debilitamiento de la IC.

Al intercambiar las amenazas en la Figura No. 1 Modelo Dinámico de la Seguridad Nacional (p. 5) por la Insurgencia Criminal (Figura No.4) e insertar el Modelo Dinámico de Interrelación entre la Coerción y la Insurgencia Criminal, obtenemos el modelo total de cómo una Insurgencia Criminal afecta a la Seguridad Nacional de un país, amenazando seriamente su viabilidad (Ver Figura 5)

Figura No. 5 Modelo Sistémico de la Interrelación de la Insurgencia Criminal con la Seguridad Nacional

LAS PANDILLAS COMO ACTORES NO ESTATALES VIOLENTOS (ANEV)

Las pandillas son el tipo de organización donde los jóvenes naturalmente se inclinan a congregarse y a socializar. Moore (en Bach, 1996) definió las pandillas como un grupo de personas que forman una alianza por un objetivo común y que se involucran en actos injuriosos a la salud y moral pública, que pervierten u obstaculizan la justicia o su administración, se dedican a la actividad criminal individual o colectivamente y crean una atmosfera de miedo e intimidación dentro de la comunidad.

Una variedad de factores societales y sistémicos pueden promover o desincentivar la propensión de un individuo a ingresar en la actividad pandilleril. Las pandillas son el resultado de una cadena de sucesos de interacción “…recíproca y acumulativa en un entorno de carencias y a lo largo de fases críticas del ciclo de vida” (Thorberry, Krohn, Lizontte y Tobin en PNUD,2013, p. 214). Entre ellos podemos destacar: frágiles estructuras familiares, escaso control de los padres, pobre interacción entre agentes socializadores primarios, insuficiente presencia de instituciones sociales, limitadas oportunidades sociales y económicas y la existencia de una economía informal (PNUD, 2013). En síntesis, es:

…posible agrupar los factores que están detrás de la aparición y el desarrollo de las maras en Centroamérica en diez grandes categorías: a) procesos de exclusión social; b) cultura de violencia; c) crecimiento urbano rápido y desordenado; d) migración; e) desorganización comunitaria; f) presencia de drogas; g) dinámica de la violencia; h) familias problemáticas; i) amigos o compañeros miembros de pandillas y j) dificultades de construcción de identidad personal (Aguilar & Carranza, 2008. p.9).

Las pandillas existen “…para sí y por sí (y en contra de otro), y no en función de la actividad criminal de grupos de otra naturaleza” (Hernández Anzora, 2015, p. 260). También las pandillas son producto de un sentimiento de descontento o desafiliación, generado por las causas arriba mencionadas y la sensación que los mismos pandilleros tienen de ser excluidos e ignorados por la sociedad en general (Bach, 1996).  Esta circunstancia hace que en ellos surja el odio contra la sociedad y el “…que odia debe manifestar ese odio mediante actos…debe hacerse odio” (Fanon, 1952). Además las pandillas surgen ante la necesidad de sus miembros de defenderse de la exclusión, de la violencia de otras pandillas y la represión estatal.

La pandilla es el marco en el cual su membrecía fluye, frecuentemente a través de generaciones y en la cual prevalece su propio conjunto de convenciones y reglas. Entre éstas podemos contar con una estilizada y secreta historia de la pandilla, ritos de iniciación, sistema de clasificación, ritos de pasaje, reglas de conducta y rituales para honrar y despedir a los miembros muertos. La lealtad a la pandilla y sus miembros es el máximo valor del pandillero. La pandilla se torna para éste en su familia y su fuente primaria de identidad, se constituyen en comunidades emotivas que cubren una serie de necesidades afectivas de sus miembros, proporcionándoles identidades que les permiten dar sentido a sus vidas en contextos de marginación en que sus opciones de vida y de desarrollo son sumamente limitadas (Gómez Hecht, 2013. p.138).

Las pandillas dominan la intersección entre el crimen y la guerra. Tradicionalmente apreciadas como organizaciones criminales con variados grados de sofisticación y alcance algunas han evolucionado en actores potencialmente más peligrosos y desestabilizadores. Las pandillas son esencialmente una forma de crimen organizado que en la era de la globalización y el crimen transnacional pueden cambiar la naturaleza de la guerra y de la política  (Sullivan J. P., 2009). 

Hay que destacar que las pandillas son organizaciones criminales de prisión, lo que significa que es dentro del sistema carcelario que se originan, crecen, se fortalecen y socializan su cultura. Lo aseverado anteriormente significa que la condena de prisión no se constituye en un factor disuasivo para que los pandilleros desistan de sus actividades ilícitas, por el contrario “servir tiempo” en prisión es una condición “sine qua non” para que el miembro de la pandilla ascienda en la jerarquía pandilleril. En el caso de El Salvador, todos los máximos cabecillas de las pandillas se encuentran en prisión, desde donde dirigen sus estructuras criminales y planifican a nivel estratégico sus operaciones (Gómez Hecht, 2013).

El origen de las pandillas en El Salvador se entrelaza con la cultura de las pandillas en los Estados Unidos (EE.UU.). Durante las décadas de 1970 y 1980 miles de salvadoreños emigraron hacia los EE.UU., huyendo de la exclusión social, política y económica, la violencia y el conflicto armado interno en el país. Al llegar a las ciudades norteamericanas, especialmente en California, empezaron a organizarse en pandillas con afiliación étnica, a fin de defenderse del dominio racial por parte de otras pandillas existentes en el “vecindario”. En la medida que muchos de sus miembros fueron siendo encarcelados por la comisión de diversos delitos, se fueron socializando en la cultura pandilleril presente en el sistema carcelario norteamericano.

Al final del conflicto armado interno en El Salvador (1981-1992) no solo hay una repatriación voluntaria de los salvadoreños a su país de origen, sino también se inicia una política de deportaciones masivas, en la cual se incluían muchos pandilleros con antecedentes criminales. Estos pandilleros traen El Salvador la cultura pandilleril, que encuentra un terreno fértil en jóvenes socializados en la guerra y la violencia. El problema se tornó transnacional cuando muchos de los pandilleros deportados decidieron regresar ilegalmente a los EEUU y en su paso por los países de tránsito fueron difundiendo su cultura pandilleril, generando que surgieran pandillas en esos países.

Debido a su origen transnacional y a la presencia de grupos afiliados en diferentes ciudades de Centroamérica y Estados Unidos, estas dos grandes franquicias identitarias: MS y Barrio 18, son consideradas desde hace algún tiempo como redes transnacionales, que han transitado hacia un claro proceso de formalización (Cruz en Aguilar & Carranza, 2008. p. 5).

Es en El Salvador donde el fenómeno de las pandillas revela su versión más cruenta y organizada. Dos son las principales pandillas en el país la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. Ambas pandillas han evolucionado de ser grupos de delincuentes juveniles, que utilizaban armas artesanales a ser organizaciones criminales transnacionales[xi] que utilizan armas con elevado poder de fuego (Von Santos,2014;  Luna, 2015). Estas organizaciones se han aprovechado de la debilidad y fragilidad institucional de los países de la región centroamericana para expandir su influencia, especialmente en el denominado Triángulo Norte[xii]. La fuerza y la violencia o la amenaza de su uso, es el principal medio para adquirir control de territorios y poder. Desde finales de la década pasada las pandillas son consideradas como “…el principal foco de criminalidad en la región e incluso como una de las principales amenazas a la seguridad hemisférica” Aguilar & Carranza, 2008. p. 19).

En El Salvador las pandillas/maras han sido declaradas ilegales y proscritas, prohibiéndose “…su existencia, legalización, financiamiento y apoyo a las mismas” (LEY DE PROSCRIPCION DE MARAS, PANDILLAS, AGRUPACIONES, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE NATURALEZA CRIMINAL, 2010; art. 1). Además, a partir de agosto de 2015, las pandillas fueron declaradas grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador (SCCSJ Resolución 4-2012, 2012).

Las pandillas, así como los insurgentes, no solo operan por motivos puramente criminales sino también desde la percepción de legitimidad y coerción (Bach, 1996). Estas organizaciones “terroristas” serán constitutivas de una Insurgencia Criminal en la medida que amenazan la viabilidad del Estado salvadoreño al generar: a) inestabilidad en el país; b) reducir la capacidad estatal de controlar partes del territorio nacional y; c) erosionar la legitimidad y soberanía nacional, todo con la finalidad de garantizarse la libertad de acción para beneficiarse comercialmente.

LAS PANDILLAS COMO ACTORES GENERADORES DE INESTABILIDAD

El diccionario de la Real Academia Española define a la estabilidad como la “cualidad de estable” (DRAE, 2016) y, lo estable lo define como aquello“…que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer” (DRAE, 2016 a).  En este sentido, el conservar la estabilidad para el Estado de El Salvador, en el ámbito interno se traduce en mantener el orden, la tranquilidad y el ejercicio pleno por parte de su población de sus derechos colectivos individuales. Estos últimos derechos se encuentran sintetizados en el inciso primero del artículo 2 de la Constitución de la República (1983):

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

Las pandillas, por tanto, son actores generadores de inestabilidad al atentar contra el orden, la tranquilidad y todos los derechos arriba mencionados. El principal instrumento que utilizan para provocar dicho efecto es la violencia.

A pesar de que el homicidio no es el único indicador de la violencia, la tasa de homicidios es la medida que se utiliza con mayor frecuencia para determinar los niveles generales de violencia en una ciudad o país. Esto se debe a que el homicidio constituye el más grave y públicamente visible de todos los actos violentos y por lo general se informa con mayor precisión en las estadísticas del crimen violento (Buvinic & Morrison, 1999). Tomando este indicador como medida El Salvador, en el año 2015, con una tasa de homicidios de 104 por 100,000 habitantes, es el país más violento del mundo con la tasa más elevada para cualquier otro Estado en los últimos 20 años (Gomez, 2016).  Toda la violencia descrita se desata con una elevada impunidad por parte de sus perpetradores, ante la existencia de una corrupción extensa y la debilidad del sistema judicial y  de las fuerzas de seguridad (US Department of State, 015).

El elevado número de homicidios en el país “…son un importante indicador que afecta directamente sobre la sensación de inseguridad de buena parte de los salvadoreños, así como en su percepción sobre el desempeño de las instituciones de seguridad pública y la gestión presidencial” (Hernández Anzora, 2015, p.260)

La tregua entre pandillas acaecida entre los años 2012-2013[xiii], demostró sin lugar a dudas que la mayor parte de homicidios eran cometidos por miembros de las mismas. Inmediatamente entró en vigencia la tregua, los homicidios bajaron sensiblemente (ver Gráfico No. 1, pág.anterior). Además, varios autores coinciden en que a partir de la tregua las pandillas demostraron no solo que tenían la capacidad de disminuir los homicidios, sino de utilizar éstos como un mecanismo de presión sobre el gobierno para acatar medidas de beneficio a las pandillas (Hernández Anzora, 2015; Von Santos, 2014; Luna, 2015).

Los elevados niveles de violencia generados por el accionar de las pandillas contribuyeron sensiblemente a gestar altos índices de inseguridad. En noviembre de 2015 el 71.2% de personas encuestadas mencionaron la inseguridad como el principal problema del país. En esa misma encuesta el 31.3% de los salvadoreños encuestados manifestaron sentirse inseguros en su propia casa y el 80.1% manifestó sentirse inseguro al utilizar buses urbanos (ver Gráfico No.2).

La situación de inseguridad ha sido reconocida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la cual ha  reconocido que las pandillas “…realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población” SCCSJ Resolución 4-2012, 2012, p. 40-41).

En el ámbito económico, la violencia, la inseguridad y la inestabilidad provocada por las pandillas generan un elevado costo a la economía salvadoreña. Según la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), 1,500 empresas cerraron sus operaciones durante el año 2015 debido a la violencia e inseguridad (Martínez Avelar, 2016).  Además, de acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación Nacional  de la Empresa Privada (ANEP) en 2015, entre los años 2013 y 2015 la percepción de inseguridad en el sector empresarial se ha incrementado del 32.3% al 70.4% (Cidón , 2015).  Asimismo, un estudio reciente estimaba que para  el año 2014 el costo de la violencia en el país ascendía a 4,026.3 mil millones de dólares equivalente al 16% del Producto Interno Bruto del país (Peñate, de Escobar, Quintanilla, & Alvarado, 2016).

La extorsión es uno de los principales problemas que afecta la función y económica de las empresas. El sector más afectado por este flagelo es el conformado por la micro y pequeñas empresas, perjudicando a 1.5 millones de personas que aportan a la economía nacional. Las pandillas tienen una participación desproporcionada en el delito de extorsión dado que en el 76% de las mismas se les vinculan. (FUSADES a, 2016).

Además, las pandillas dominan el sector informal de la economía, estableciendo pequeñas empresas y haciendo uso de la violencia y la coacción para competir de manera desleal con las empresas legítimas, a la vez que evitan pagar impuesto y cooptan a los reguladores del gobierno (Sullivan J. P., 2009). La anterior aseveración es validada con una investigación de la Fiscalía General de la República que reveló que cabecillas de pandillas eran dueños de prostíbulos, moteles, auto lotes y buses del transporte público (Mendoza, 2016). Igualmente es conocido que las pandillas también han incursionado en los negocios de clubes nocturnos, lava automóviles, venta de agua ‘potable” y hasta prestan servicios de seguridad.

El efecto de la inestabilidad generada por las pandillas en la economía tiene a su vez un efecto tal que de acuerdo al Reporte Global de Competitividad (2015) el crimen y el robo son los factores más problemáticos para hacer negocios en el país. También El Salvador en el referido informe está clasificado como el país que más es afectado[xiv] por el crimen organizado en el ambiente de negocios (WEF, 2015).

Una muestra del poder de las pandillas para generar inestabilidad, fue el “paro de transporte[xv]” por cuatro días (26 al 30 de julio de 2015) a que fueron obligados los empresarios de buses del transporte público. Este incidente mantuvo en zozobra al país, al paralizar 142 rutas de transporte público en todo el país, ocasionado que se tuvieran que movilizar unidades de trasporte militar, policial y gubernamental para procurar menguar el traslado de las miles de personas afectadas, que no podían trasladarse ni a sus casas, sus trabajos o sus lugares de estudio (Flores & Peñate, 2015). Durante las primeras 24 horas del paro y para demostrar la seriedad de la orden de no circular, siete motoristas fueron asesinados por los pandilleros[xvi] (Flores & Peñate , 2015a). Las pérdidas económicas ocasionadas por el “paro” durante la duración del mismo, solo en el sector transporte, se calculó por el gremio de haber ascendido entre 3.2 a 4 millones de dólares. (Peñate S. , 2015). Esta capacidad de las pandillas de paralizar el transporte a nivel nacional y el atentar contra la vida del personal de transporte público fue reconocido también por la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia en una de sus resoluciones (SCCSJ Resolución 4-2012, 2012).

Ante lo expuesto, es inobjetable que en El Salvador las pandillas se han “…convertido en los últimos años en la principal fuente generadora de temor e inseguridad en el país” (PNUD,2013, p.205), constituyéndose en los principales generadores de inestabilidad en el país.

EL CONTROL TERRITORIAL DE LAS PANDILLAS

Las pandillas en El Salvador han pasado de estar presentes en algunos barrios de las principales ciudades del país en los años 90’s, a tener presencia en prácticamente   todo el país, tanto en el ámbito urbano como rural. Para el año 2014 se calculaba que las pandillas habían extendido su influencia a lo largo de “…214 municipios[xvii], 1054 colonias, 368 cantones, 180 barrios y 422 territorios (lotificaciones, residenciales o comunidad), que suman 2,238 territorios en total” (Von Santos, 2014, p. 203).

Los territorios con presencia de pandillas son controlados a través de estructuras jerarquizadas. En el ápice de la estructura se encuentran los liderazgos nacionales de ambas pandillas conocida como “Ranfla General”. Todos los cabecillas nacionales de las pandillas se encuentran bajo reclusión en los centros penales. El siguiente nivel de la estructura lo constituyen los Programas (MS-13) y las Tribus (Barrio 18) que están conformados por una serie de estructuras locales “clicas”, bajo el mando de un pandillero conocido como “corredor” del programa/tribu que operan en determinada área o zona geográfica. Los corredores del programa/tribu se reportan al mando nacional (Gómez Hecht, 2013; Luna, 2015). Las decisiones de tipo estratégico y administrativo de las pandillas se toman a nivel de la Ranfla General. Finalmente, se encuentra el nivel de las estructuras locales, las cuales

 “…por regla general conocidas como clicas o canchas, tienen un mínimo de 15 miembros, cada una cuenta con 15 células operativas de 3 elementos. Para el cometimiento del delito, cada estructura tiene miembros con especialidades o roles en la actividad criminal previamente definidos por parte de los mandos nacionales. En la pandilla MS[xviii], la estructura local es conocida como clica y las colonias bajo la influencia de estas son denominadas zonas (SAY). En la pandilla 18[xix] esta estructura es llamada cancha y de la misma manera cuenta con zonas o núcleos” (Luna, 2015).

Las clicas/canchas están bajo el mando de un pandillero conocido como “Palabrero de la Clica/ Cancha”. Las decisiones de nivel táctico-operativo se toman entre los corredores de programa/tribu y los palabreros de la clica/cancha. 

Según fuente policiales, en el año 2015 en el país se contabilizan 32, 310 pandilleros[xx].  Las dos principales pandillas del país (MS-13 y Barrio 18) se organizan en red, La MS-13 a través de 96 programas conformados por 360 clicas, el Barrio 18 por medio de 35 tribus[xxi] conformadas por 200 clicas.

La organización en red conformada por las pandillas funciona efectivamente dado que sus miembros se conocen y están interconectados por fuertes lazos personales basados en la amistad y las experiencias de hermanamiento que aseguran elevados niveles de confianza y lealtad.

La extorsión y el narcomenudeo son las principales fuentes de ingreso de las pandillas. En ambas actividades ilícitas, el control del territorio es un requisito previo esencial para la conducción eficiente y eficaz de sus operaciones. Este control territorial se ejerce a través de una extensa red de miembros, colaboradores y familiares de las pandillas. Los principales actores de esta red son:

a) Los pandilleros internos en los diversos centros penales, entre los cuáles se encuentran sus máximos cabecillas. Éstos cabecillas conforman una élite dentro del centro penal en que se encuentran y son los principales responsables de organizar y movilizar a toda la estructura de la pandilla, a través de sus órdenes y directrices. Todos los demás miembros (detenidos y en libertad) se les distribuyen las diversas funciones de acuerdo a jerarquía dentro de la pandilla;

b) Los pandilleros que se encuentran en libertad. Este grupo es conformado por todos aquellos que han superado todos los "rituales" y otras condiciones establecidas dentro de la pandilla para pertenecer a ella. Estos individuos han sido socializados en los signos, símbolos y formas particulares de comunicación de la pandilla. También disfrutan de la credibilidad de los otros miembros y se respetan siempre que demuestren su lealtad a la banda. La prueba máxima de la lealtad es para asesinar en nombre o bajo las órdenes de la banda. El principal vínculo que une a todos los miembros de la banda ya sea encarcelado o "libre" es su completa identificación con los fines y objetivos de la banda.

c) Los colaboradores: son personas que simpatizan con las pandillas pero que no pertenecen a ella. Están vinculados a la pandilla principalmente por obtener algún beneficio económico u otros beneficios dentro de la comunidad. El apoyo que los colaboradores brindan a las pandillas es proporcionando información, como vigías, en selección de víctimas, en labores de encubrimiento, o en tareas menores de tipo logístico.

d) Los familiares de pandilleros, muchos de ellos dependen para su subsistencia de la actividad de la pandilla. Algunos familiares se involucran en la actividades de la pandilla realizada tareas de poca relevancia en varias etapas de las extorsiones y el narcomenudeo (Gómez Hecht, 2013). La base social o dependiente de las actividades de las pandillas se calcula en aproximadamente 500,000 personas. 

En la expansión territorial de las pandillas es importante reconocer que éstas se comportan como cualquier otra estructura de crimen organizado (CO) compensado o suplantando la ausencia o deficiencias estatales en la provisión de servicios sociales a ciertas comunidades. En este sentido,

El débil o nulo soporte social del Estado es rápidamente compensado por el CO, quienes esperan a cambio, de las personas que benefician, protección y lealtad. Además de entre los excluidos salen los cuadros que conformarán las estructuras que sostienen a los grupos criminales ya sea como participantes activos, colaboradores o simpatizantes (Fernández & Kue­nzi; Flores Pérez; Hoffman en Gómez Hecht, 2012, p. 278-279).

El control de las pandillas sobre las diversas comunidades se ejerce a través de una combinación de protección, beneficios e intimidación. La frase “Ver, oír y callar” parece advertir la conducta que las pandillas esperan de todas las personas que habitan en la comunidad que no tienen vínculos con ella. Cualquiera que interfiera en las actividades de la pandilla o que de alguna manera consideren representa un “peligro” o sea por cualquier motivo “non grato” para la pandilla es obligado a abandonar la comunidad o a es asesinada. En el 2014 se calcula que 288,900 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares debido a la actividad criminal y amenazas (NRC/IDMC, 2015).

Asimismo, el estricto control que ejercen sobre ciertas comunidades y las amenazas de las pandillas son una de las principales causas por las cuales aproximadamente 145,000 salvadoreños al año abandonan el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero (Gaborit, Zetino Duarte, Brioso, & Portillo, 2012).

Los jóvenes son la principal fuente de reclutamiento de las pandillas, por lo tanto, las escuelas se convierten en un foco donde ejercer esta actividad y profundizar su control sobre el territorio. Aquellos estudiantes que no reaccionen favorablemente a los avances de la pandilla o a colaborar con ella sencillamente son asesinados. Entre el año 2010 y el 22 noviembre 2015, 392 estudiantes fueron asesinados por pandillas (Ver gráfico No.3).

Las pandillas están presentes en casi todo el sistema de educación secundaria pública, un estudio reciente determinó que el 80% de las escuelas públicas tienen a pandilleros como estudiantes y que entre los años 2009-2013, 30,367 estudiantes habían abandonado la escuela debido al crimen a la violencia (López Ramírez, 2015). Los profesores de las escuelas también son sometidos a amenazas por las pandillas: entre los años 2014 y 2015, seiscientos setenta y nueve profesores solicitaron ser trasladados de escuela por falta de seguridad (Joma, 2016) .El problema es tan serio que la Fuerza Armada de El Salvador a través del plan “Escuela Segura” desde marzo del año 2014, presta seguridad a 651 escuelas públicas.

El control sobre el territorio le ha redituado a las pandillas un beneficio no planificado. Éstas

…han adquirido cierto nivel de conciencia política y han recibido un reconocimiento parcial como actores políticos, provocando que éstas se encuentren ganando cada vez más terreno en el sistema político salvadoreño… se puede afirmar con certeza que las maras salvadoreñas, en el contexto político actual, ya reúnen varios de los elementos necesarios para ser considerados como potenciales actores políticos cuya naturaleza, en un primer momento,  sería la de los grupos de presión[xxii] (Hernández Anzora, 2015, p. 250 y p. 267).

Además, las pandillas han avanzado de ser un actor a ser tomado en cuenta para las elecciones locales, a ser considerados también en los eventos electorales a nivel nacional.

En la campaña presidencial de 2014, las maras mostraron un aumento de su influencia en el proceso electoral a nivel nacional y sobre los principales partidos políticos…Las pandillas no solo influyen en el discurso de los candidatos en las elecciones (locales y nacionales) sino que también pueden garantizar algún tipo de seguridad durante su realización (Hernández Anzora, 2015, p. 262 y 263).

Las pandillas esencialmente buscan controlar territorio para asegurarse que tendrán la máxima libertad de movimiento y de acción dentro del mismo, para beneficiarse económicamente a través de sus actividades ilícitas. Asimismo, utilizan la intimidación y la violencia para mantener y proteger esos espacios económicos de influencia (Manwaring, 2005; Sullivan J.P., 1997 & 2000).

 LAS PANDILLAS Y LA EROSIÓN DE LA LEGITIMIDAD Y SOBERANÍA NACIONAL

Un Estado moderno es soberano hacia el exterior como hacia el interior de su territorio. La soberanía exterior tiene por ámbito las relaciones exteriores con otros Estados y se caracteriza por:

…el reconocimiento del derecho exclusivo y universal del Estado a promulgar en su territorio normas jurídicas que vinculan a sus nacionales, es decir el reconocimiento del poder de tomar la última decisión sobre personas y cosas en su territorio y de decidir sobre el estatus de las personas físicas y jurídicas (y) en las relaciones exteriores la no sumisión a otros estados (Hillgruber, 2009, p. 8).

La soberanía interior se caracteriza por el monopolio que el Estado

.. goza para establecer derecho obligatorio para todos aquellos que están sometidos a su autoridad, tanto ciudadanos como gremios, dicta normas jurídicas vinculantes, cuya aplicación impone, gracias al monopolio de la fuerza que tiene legal y legítimamente atribuido. Goza del poder para tomar la decisión definitiva en todos los asuntos públicos, independientemente de que éstos sean competencia del Gobierno (o) de las administraciones públicas (Hillgruber, 2009, p. 6).

Además, la soberanía interior implica una relación del Estado con los sujetos sometidos bajo su jurisdicción, la cual debe estar firmemente basada en la legalidad y la legitimidad. Por tanto, tres son las características primordiales del ejercicio de la soberanía: el legislar, el monopolio del uso de la fuerza y la legitimidad que debe gozar el gobernante sobre sus gobernados. En El Salvador, durante el Sigo XXI, las últimas dos características mencionadas se han visto seriamente amenazadas por el accionar de las pandillas.

En lo que concierne al monopolio estatal del uso de la fuerza, este se ve trasgredido desde el momento que las pandillas han empezado a obtener y utilizar armas de uso privativo de la Fuerza Armada. Agravando la situación las pandillas han considerado ser lo suficientemente poderosas para confrontar abiertamente a las fuerzas gubernamentales a partir del año 2014. Entre los años de 2006 a 2015 doscientos veintiún policías han sido asesinados. Sólo en el año de 2015 sesenta y dos policías fueron asesinados que representa una tasa de 2.68 por 1,000 oficiales uniformados (ver Gráfico No. 4), cifra espeluznante si comparamos que ese mismo año en los Estados Unidos de Norteamérica murieron 130 policías que representan una tasa 0.19 por 1,000 oficiales uniformados (ODMP, 2016). Además, en el 2015 también fueron asesinados treinta y cuatro miembros de la Fuerza Armada y noventa agentes de seguridad privada[xxiii].

La confrontación entre pandilleros y policías se ha incrementado considerablemente entre los años 2013 al 2015 se registraron 835 enfrentamientos (ver Gráfico No. 5). Solo en el año 2015 se reportaron 495 enfrentamientos en los cuales fallecieron 309 pandilleros (Barrera, 2016).

A agosto de 2016 se han realizado 378 intercambios de disparos entre pandilleros y policías en los cuales han fallecido 358 pandilleros (EDH, 2016) Asimismo, los pandilleros han realizado varios ataques con granadas a puestos policiales así como con armas de grueso calibre, también durante  el año 2015 instalaron tres bombas en automóviles de las cuáles solo una explotó sin causar mayores daños. Los pandilleros, desde 2010, empezaron a utilizar el terrorismo como táctica cuando quemaron un bus con todos sus pasajeros adentro, dejando un saldo de once muertos y trece lesionados (Iraheta, Vásquez, & Argueta, 2010) . Estos actos han continuado con la vorágine de homicidios realizados en un solo día. Esta nefasta práctica comenzó en mayo de 2014 con el denominado por las pandillas “el viernes negro” en el cual se asesinaron a treinta y ocho personas. Este fue el record infame por más un año hasta que entre junio y agosto de 2015 el mismo fue ampliamente superado, estableciéndose el nuevo record en cincuenta y dos homicidios en un día el 27 de agosto de 2015 (Beltrán Luna, 2014; . EDH, 2015).

Los pandilleros también durante 2015 atentaron contra la vida de una jueza, asesinaron a un fiscal y atacaron las instalaciones del Parlamento Centroamericano y el centro judicial, hechos inauditos hasta con anterioridad. Sin embargo, el hecho de terrorismo que granjeó a las pandillas el repudio de la población, fue el asesinato de ocho empleados de una empresa de energía eléctrica que trabajaban en el tendido eléctrico y tres campesinos que presenciaron el hecho en marzo de 2016 (Escalante & Marroquín, 2016).

La inestabilidad y la inseguridad asociada a las pandillas generan un círculo vicioso descendente que se manifiesta en la disminución de los niveles de seguridad individual y colectiva. Así como disminuye los niveles aceptación y el apoyo popular e institucional para el régimen en el poder, y evidencia la disminución de los niveles de capacidad gubernamental para controlar su territorio nacional. Esta situación de
crear y mantener un clima de violencia, de caos y la incapacidad del régimen permiten la libertad de movimiento de las pandillas para perseguir su enriquecimiento y beneficio comercial (Manwaring, 2005). Además es propio y caracteriza a las insurgencias criminales el agudo y endémico crimen y violencia que desatan, el cual se configura en un desafío al control político del estado (Sullivan J. P., 2009).

El deterioro de la confianza en las instituciones relacionadas a la seguridad en El Salvador desde el año 2001 al 2015 es evidente al apreciar la tabla No.1.  Este deterioro, que en todas las instituciones es de doble dígitos[xxiv] tiene una relación directa con el incremento de la violencia y la inseguridad en el país y está vinculado a la percepción de ciudadanía de la incapacidad estatal de dar respuesta a la amenaza de las pandillas.

Tabla No. 1 Personas encuestadas que dijeron tener poco o nada de confianza en la institución

La desconfianza en las instituciones va aparejada a una considerable perdida de legitimidad de las autoridades legalmente establecidas. La legitimidad está directamente relacionada con la capacidad de gobierno, con la efectividad y eficacia de éste de dar, a través de formulación e implementación de políticas públicas, respuestas oportunas a los requerimientos de la ciudadanía. En este sentido, de acuerdo a una encuesta reciente (IUDOP, 2016 b)  el 67.5% de las personas encuestadas consideraron que el país en el año 2015 se encontraba en una situación general peor comparada con el año 2014; el 82.5% consideró que la situación de la delincuencia en el país había empeorado, el 66.7% consideró que los planes de seguridad del gobierno están dando poco o ningún resultado y un 55.5% consideró que el gobierno de turno representaba un cambio negativo para el país, dato que concuerda con otra encuesta  (LPG, 2016) en la cual el 55% de encuestados desaprobaba algo o mucho la gestión del gobierno de turno.

Otra afrenta a la soberanía nacional lo representa el hecho de que las pandillas se abrogan la capacidad impositiva del estado, al imponer un tipo de impuesto a “individuos” y negocios a través de la “renta” o la extorsión (Sullivan J. P., 2009). Este delito, socava las economías familiares y comerciales. A pesar de que en las estadísticas oficiales este ilícito ha vendido disminuyendo (Ver Gráfico 6), la realidad es otra dado el alto índice de la “cifra oculta” (85%) de este tipo de hechos que no se denuncian por las víctimas. (FUSADES a, 2016)

A futuro las pandillas representarán una mayor afrenta a la legitimidad y soberanía nacional dado que “…se encuentran en (un) punto clave para su transformación en una especie de organización criminal más compleja” (Luna, 2015, p. 439) incluso se ha anunciado públicamente la creación de una unificación de pandillas en una superestructura criminal que se denominaría la Mara 503[xxv] para enfrentar la represión estatal (Redacción la Página, 2015; Luna, 2015). Asimismo se ha conocido  que las pandillas últimamente han concentrado esfuerzos en comprar armamento de guerra ilegal a los carteles de droga mexicanos, asI como en la conformación de grupos entrenados de combate, debidamente armados y apertrechados (Von Santos, 2014, Luna, 2015).

APLICACIÓN DEL MODELO SISTÉMICO A LA REALIDAD SALVADOREÑA

La aplicación del Modelo Sistémico de la Interrelación de la Insurgencia Criminal con la Seguridad Nacional (Ver Figura 5, p. 14) a la realidad salvadoreña obtenemos los siguientes resultados. El Salvador como todo país soberano e independiente, procura mantener su seguridad nacional, mediante el logro de sus objetivos nacionales tanto en el ámbito de la Defensa Nacional, garantizando la soberanía e integridad del territorio nacional como en el ámbito de la Seguridad Pública al buscar garantizar no solo el orden y la tranquilidad de su población, sino también el pleno ejercicio y goce de sus derechos individuales como colectivos. 

El logro de los objetivos nacionales se han visto seriamente obstaculizados a partir de inicios del Siglo XXI por el accionar de las principales pandillas (MS13 y Barrio 18). Estas organizaciones terroristas han evolucionado hasta presentar todas las características de lo que se define, en el mundo académico especializado, como una insurgencia criminal. Estas pandillas generan un ciclo de retroalimentación negativo en el modelo a través de generar violencia e inestabilidad en el país. Asimismo han logrado granjearse el control territorial de algunas comunidades lo que les permite dentro de la mismas operar con gran autonomía e impunidad todo con el objetivo ulterior de obtener mayores beneficios económicos de sus actividades ilícitas.

El Estado salvadoreño a través de los años ha buscado alterar la dinámica de las pandillas a través de diversas estrategias de confrontación con la misma. Todas estas estrategias han tenido a su inicio, relativa efectividad pero posteriormente las pandillas han logrado adaptarse a las mismas y recuperar otra vez la iniciativa. La ejecución de los Planes “Mano Dura” y “Mano Super Dura” implementados durante el periodo de tiempo comprendido entre julio 2003 al 2006, permitieron poner bajo rejas a la mayoría de los cabecillas de las pandillas y un elevado porcentaje de sus miembros, así como lograr la identificación de éstos. Durante la vigencia de ambos planes se detuvieron alrededor de 40,000 pandilleros (Aguilar Villamariona, 2006).  En un primer momento estos planes (tal como lo indica el modelo) lograron introducir una retroalimentación negativa en la dinámica pandilleril, logrando afectar su coordinación organizacional y operativa. Las medidas implementadas, dado su efecto inicial y tal como el modelo lo predice, gozó de un amplio apoyo de la mayoría de la población, de la cual más del 70% brindaba su apoyo a las mismas (Hernández Anzora, 2015).  Sin embargo, luego de transcurrido un tiempo las pandillas se adaptaron y modificaron su accionar y formas de operar. Además los referidos planes generaron una serie de otros efectos contraproducentes como lo fue que: se saturaron de casos los tribunales de justicia; ante las detenciones masivas los pandilleros modificaron su imagen y estereotipos para dificultar su identificación, además, muchos pandilleros se trasladaron hacia nuevas zonas donde se instalaron. También las pandillas fortalecieron su cohesión interna, solidaridad y cohesión de grupo, sobre todo al ser recluidos por pandillas en diferentes centros penales (Aguilar Villamariona, 2006; Gomez Hecht, 2013).

 La siguiente estrategia implementada por el Estado para lograr introducir una retroalimentación negativa en la dinámica de la pandillas fue la conocida como “tregua entre pandillas” entre los años 2012 a 2013 con la cual efectivamente, como se señaló con anterioridad, se logró una substancial reducción de los homicidios en el país. Al igual que las estrategias anteriores, luego de un tiempo se pudo apreciar que dicha “tregua” estaba resultando contraproducente, beneficiado a las pandillas. En este orden de ideas, no solo les permitió consolidar su liderazgo y adquirir un mayor protagonismo político sino que también les proporcionó mayor libertad de movimiento y la consolidación del control sobre sus “territorios”. También las pandillas lograron adquirir  armamento más sofisticado y de alto poder de fuego.

Al aplicar el modelo a la coyuntura del primer semestre del año 2016, se puede apreciar que las pandillas venían en un franco ascenso de una retroalimentación positiva, generando altos niveles de violencia e inestabilidad y de esta forma obstaculizando el logro de los objetivos nacionales de seguridad. La cantidad de homicidios cometidos

durante los meses de enero a marzo fueron sustancialmente superiores a años anteriores (Ver Gráfico No. 7). El incremento de la violencia generó  que se implementarán en abril de 2016, por parte del gobierno y bajo el amparo del respectivo decreto legislativo  una serie de  medidas de transitorias y excepcionales con el objeto de recuperar el control de los centros penales. Entre estas medidas se contemplaba: traslado de privados de libertad entre distintos centros penitenciarios  el corte de las telecomunicaciones  desde y hacia esos centros, allanamientos en viviendas alrededor de éstos, restricciones o suspensión de las visitas familiares y la habilitación de centros temporales de reclusión (FUSADES b, 2016).

Además el Ejecutivo desató una seria represión estatal contra las pandillas desplegando unas dos nuevas unidades interinstitucionales de policía y  fuerza armada en aquellos municipios con mayor presencia pandilleril e incidencia de homicidios. Estas unidades de choque: la Fuerza de Intervención de Recuperación de Territorio (FIRT) y las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador han impactado fuertemente la operatividad de las pandillas. En cuatro meses de estar operando ya habían capturado 650 pandilleros vinculados a varios delitos (García, 2016).

También las unidades de investigación de la policía en conjunto con la Fiscalía General de la República iniciaron una operación destinada a la desarticulación de las finanzas de las pandillas. El esfuerzo se ha tornado trasnacional con el acuerdo suscrito en agosto de 2016 dirigido a acuerdo suscrito por los tres presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador para  la creación de una fuerza de seguridad trinacional, realizar operaciones coordinadas, compartir información de inteligencia y agilizar la entrega de personas detenidas, todo en afán de combatir efectivamente el crimen organizado transnacional (Presidencia de la República de El Salvador, 2016).

Tal como el modelo lo prevé, No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.  la implementación de todas estas medidas insertaron una retroalimentación negativa a la dinámica de las pandillas y disminuyeron considerablemente la violencia (Ver Gráfico 7 arriba). Al ser efectivas  este esfuerzo le ha valido al gobierno una pequeña recuperación en su legitimidad, credibilidad y gobernabilidad. En una encuesta llevada cabo por un rotativo nacional el porcentaje de encuestados que consideró que el la situación del país era mala o muy mala disminuyó del 82.9% al 76.8% entre febrero y mayo del 2016 y también disminuyó el porcenaje de encuestados que consideraban que el país por un rumbo incorrecto del 78.7% al 68.3% en el mismo período de tiempo (Segura, 2016).

CONCLUSIONES

A través del desarrollo de la investigación se ha logrado comprobar la tesis que orienta la misma. En este orden de ideas, se ha establecido que las pandillas en El Salvador (MS-13 y Barrio 18) presentan todas las características de lo que teóricamente se conoce como una insurgencia criminal (IC). En este sentido,  su única motivación es el obtener autonomía y control económico de partes del territorio del país con el objeto  llevar a cabo sus actividades criminales en total impunidad y beneficiarse económicamente de sus actividades ilícitas. Consecuentemente desafían y confrontan  al poder estatal  para liberarse de su control.

Asimismo se ha logrado comprobar que las pandillas amenazan la viabilidad del Estado salvadoreño al generar inestabilidad en el país, reducir la capacidad estatal de controlar partes del territorio nacional y  erosionar la legitimidad y la soberanía nacional.

Las pandillas han evolucionado hasta lograr constituirse en organizaciones sumamente complejas con una estructura reticular flexible y con enfoque transnacional. Estos ANEV son una amenaza a la seguridad nacional al estar  obstaculizando el logro de los objetivos nacionales de mantener el orden y tranquilidad de la población así como impiden que ésta goce del pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Además también representan un impedimento a la conservación de la soberanía e integridad territorial.

En los diversos niveles en que se desarrolla la IC, El Salvador se encuentra en el tercer nivel de confrontación con el Estado. Las pandillas han decidido confrontar al Estado para mantener o sostener su rango de acción y el Estado salvadoreño ha optado  por reprimir y tomar acciones drásticas para desarticular a las pandillas. Es de esperar que estas últimas resistan al embate Estatal y el momento oportuno para contratacar.

Las pandillas se encuentran en la intersección entre el crimen y a guerra y han evolucionado hasta constituirse en actores sumamente sofisticados y peligrosos. El peor escenario posible es que las pandillas accedieran al mercado de tráfico de droga y a sus enormes beneficios económicos así unieran sus esfuerzos bajo una égida compartida para enfrentar las medidas de represión estatal.

Tomando en cuenta que las pandillas son organizaciones de prisión, que se fortalecen y reproducen su subcultura dentro de las mismas, la aplicación de la justicia con el consecuente internamiento de pandilleros en los diversos centros penales resulta infructuoso para la contención de la amenaza. El Estado salvadoreño que ya declaró "organizaciones terroristas" a las pandillas debe actuar consecuentemente con la aplicación de las estrategias, planes y medidas propias para contrarrestar al terrorismo. Además, el Estado debe superar la noción de tratar a las pandillas como organizaciones puramente criminales.

Las pandillas son los máximos generadores de violencia e inestabilidad en el país, por tanto el Estado debe priorizar su combate a fin de alcanzar los objetivos nacionales de seguridad. Asimismo, debe contrarrestar el control territorial que las pandillas ejercen sobre porciones del territorio nacional desquebrajando la estructura reticular que les permite ejercer ese control. En este sentido, debe tomar en cuenta que es necesario configurar una red para poder efectivamente confrontar a otra red. Las instituciones involucradas en los ámbitos de seguridad y defensa deben configurar sus relaciones reticulares que le permitan dar una respuesta rápida, efectiva y efectiva al fenómeno de las pandillas.

Las pandillas atentan directamente la soberanía nacional al atentar contra el monopolio del uso de la fuerza y socavar con sus actividades la legitimidad del gobierno. Este último y las instituciones del Estado deben de recuperar la confianza y credibilidad de la población a través de la aplicación de políticas públicas efectivas que no sólo se dirijan a contrarrestar a las pandillas sino responder a la mayoría de exigencias políticas, sociales, económicas y de seguridad de la ciudadanía.

El modelo sistémico de la interrelación de la insurgencia criminal con la seguridad nacional, al ser aplicado a la realidad salvadoreña, es de utilidad para esclarecer la situación y vislumbrar las posibles alternativas de solución al problema de las pandillas. Así como se ha explicado, actualmente el Estado salvadoreño ha tomado la iniciativa a partir de abril de 2016, con la aplicación de las medidas transitorias y excepcionales así como el despliegue de fuerzas interinstitucionales de la policía y fuerza armada. Estas medidas, como las anteriormente aplicadas, inicialmente han surtido, al parecer, los efectos deseados.  No obstante, con el correr del tiempo y la capacidad comprobada de las pandillas a adaptarse, la efectividad de estas medidas va tender a descender. Ante esta situación las diversas instituciones del Estado deben planificar estratégica y prospectivamente sobre la base de escenarios para determinar desde ahora cuáles serán las estrategias a implementar a futuro para recuperar la iniciativa.

Habiéndose comprobado la naturaleza de insurgencia criminal de las pandillas, el Estado salvadoreño debe tomar en cuenta las tres mayores e interrelacionadas competiciones que son inherentes a una insurgencia: 1) La competencia por la legitimidad política; 2) La competición por las percepciones; y 3) La competencia de seguridad versus la disrupción del sistema (Hoffman, 2007). Además, es un hecho comprobado cuando hasta que la seguridad pueda ser proveída  inequívocamente toda las otras iniciativas van a tender a estancarse. Consecuentemente, la unidad de esfuerzo y la claridad estratégica debe prevalecer entre las coordinación interinstitucional de todas las instituciones involucradas en el ámbito de la seguridad. El logro de lo anteriormente aseverado implica el desarrollo no sólo del liderazgo estratégico, sino también la estructura organizacional y coordinación idónea en y entre las referidas instituciones.

En este orden de ideas, el Estado debe aplicar los ocho principios de una contrainsurgencia (COIN) exitosa: 1) La legitimidad es el objetivo principal; 2) La unidad de esfuerzo es esencial: el lograr la sinergia es un elemento primordial del COIN; 3) Los factores políticos son primarios; 4)  El entender el entorno estratégico en que se desenvuelve el fenómeno es vital; 5) La inteligencia dirige las operaciones; 6) Prioridad en aislar a los insurgentes de su causa y apoyo; 7) Establecer y garantizar la seguridad bajo el Estado de Derecho y 8)  Se debe estar preparado para un compromiso a largo plazo (Sepp, 2005).

Finalmente la comprensión de la naturaleza del enemigo y una consciente e integral planificación estratégica que dirija la aplicación de todo el poder nacional hacia objetivos bien definidos, son la base para que El Salvador pueda exitosamente superar el dilema que actualmente enfrenta.

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