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Impasse Antimafia en Estados Totalitarios que Patrocinan al Crimen Organizado y en Estados Débiles Capturados por el Crimen Organizado

Sun, 05/09/2021 - 7:32pm

Impasse Antimafia en Estados Totalitarios que Patrocinan al Crimen Organizado y en Estados Débiles Capturados por el Crimen Organizado

Edgardo Buscaglia

Se publicó una versión anterior de este artículo en inglés como “Antimafia Impasse: State-Driven Organized Crime & Organized Crime States.”

El propósito principal de este artículo es explicar porqué algunos países experimentan un deterioro creciente y crónico en su desempeño institucional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluso cuando estos mismos países cuentan con abundantes recursos humanos y recursos materiales dentro de sus Estados para combatir a delitos complejos. Este artículo también se enfoca en presentar casos de países en donde el Estado, a sabiendas o no, patrocina o fomenta a la delincuencia organizada tal como sucede en los casos de China, Mexico y Rusia.

Los resultados de las investigaciones de campo que he publicado como autor o como coautor sobre crimen organizado transnacional durante los últimos treinta años se han basado en datos objetivos derivados del análisis jurimetrico de procedimientos judiciales y/o del análisis de  reportes de inteligencia financiera, evitando así los problemas de los sesgos que se encuentran en las usuales encuestas de percepción tan frecuentemente usadas por especialistas en relaciones internacionales,  ciencias políticas y sociología que infructuosamente intentan aproximarse a este tema.  En cada caso, además se obtuvieron los relatos de víctimas a través de sus propios testimonios que constan en los expedientes judiciales y en los informes proporcionados por organizaciones internacionales de la sociedad civil activas en la región de estudio.  

El objetivo principal de estos estudios desde 1991 es medir jurimétricamente el desempeño institucional contra la delincuencia organizada de los organismos de inteligencia, unidades policiales especializadas, fiscales especializados, poderes judiciales y la capacidad de estas instituciones para trabajar en coordinación interinstitucional y en coordinación judicial internacional.[1]  A lo largo de este período de treinta años, algunos de los equipos de campo que dirijo también estuvieron institucionalmente integrados para así evaluar y asistir a las autoridades judiciales y agencias de inteligencia financiera para avanzar en el procesamiento de causas penales contra redes criminales transnacionales específicas que cometen delitos económicos transnacionales complejos.

Los patrones de casos más frecuentes de delincuencia organizada transnacional encontrados en nuestras muestras internacionales de causas judiciales y de reportes de inteligencia financiera que cubrieron a 119 países incluyeron los casos de corrupción de funcionarios públicos de bajo nivel jerárquico criminalmente asociados a tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de migrantes, trata de personas, falsificación de muchos tipos de bienes y divisas, y otros 14 tipos de delitos complejos con motivación económica. Al mismo tiempo, la expansión geográfica de cada red criminal transnacional, la escala de sus tráficos ilegales y la diversidad de los bienes y servicios traficados estaban determinadas por la longevidad y por la sofisticación en la estructura organizacional de cada empresa delictiva.[2]

Dentro de este marco de datos jurimétricos derivados de muestras de causas judiciales, las redes criminales que eran  acusadas con mayor frecuencia eran organizaciones criminales compuestas por jerarquías de bajo nivel de miembros operativos que perpetraban delitos complejos con motivación económica dentro de los sectores económicos informales y a través de sectores económicos legales a la hora de ocultar activos de procedencia ilícita. La mayoría de estas personas estaban dedicadas a transportar o a distribuir bienes y servicios ilegales a través de las fronteras nacionales mientras que otras personas físicas o empresas imputadas también estaban dedicadas a lavar ganancias ilícitas a través de una complicidad de firmas legalmente constituidas en diferentes países con mayor desarrollo de sus estados de derecho. O sea, se confirmaba una vez más la paradoja del lavado de dinero en donde se observa mundialmente que las organizaciones criminales buscan como objetivo final integrar a largo plazo sus capitales de origen delictivo en países cuyos mercados mejor protegen a la propiedad privada con sistemas legales y judiciales avanzados, o sea en países como Canadá, Estados Unidos de America, Japón y países de la Unión Europea principalmente.[3] Esto proporciona una descripción operativa de las redes criminales transnacionales tradicionales según se definen en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.[4]

Es de destacar que estos tipos tradicionales de redes delictivas se pueden encontrar operando, en menor o en mayor medida, en todos los países del mundo. Por ejemplo, las redes criminales más frecuentes poseendiferentes tipos de estructuras organizativas que en ocasiones incluyen la presencia de corrupción de bajo nivel del sector público y de corrupción de bajo nivel del sector privado.[5]  En estas muestras de expedientes judiciales, la corrupción a bajos niveles jerárquicos del sector público o del sector privado ocurrían con mucha o poca frecuencia, dependiendo de la fuerza preventiva y de la predictibilidad punitiva de las instituciones judiciales, de las regulaciones económicas contra el lavado de dinero y de las políticas de prevención social dentro de cada país.  Es así que la captura criminal de autoridades estatales  junto con la captura de empresas legalmente constituidas que actúan como canales de lavado de dinero o canales de apoyo logístico, a veces acompañados de falsas “pantallas” de sociedad civil, caracterizan la forma más pura del “crimen organizado” transnacional.[6]

La delincuencia organizada de acuerdo a esta descripción previa nunca se debe confundir con otros tipos más simples de asociaciones criminales, muchas veces etiquetadas erróneamente en medios de difusión como “crimen organizado,” tal como pandillas callejeras u otros tipos de asociaciones delictivas sin jerarquías internas y sin división de trabajo en las actividades delictivas. Por ejemplo, países como México, Pakistán o Ucrania muestran la presencia de miles de asociaciones ilícitas y de miles de “bandas” criminales locales o regionales dispersas por su territorio.

Sin embargo, en el caso de México, mi investigación de campo desde 2010 ha detectado a solo 4 formaciones principales definidas como delincuencia organizada transnacional con componentes políticos, empresariales y de sociedad civil. Cada una de estas 4 redes transnacionales de delincuencia organizada de origen mexicano está compuesta por cientos de asociaciones ilícitas regionales y bandas criminales locales adheridasEstas 4 principales redes de delincuencia organizada transnacional originadas en México hoy exportan ilegalmente a 85 países cientos de bienes y servicios con vastos flujos de dinero ilícito, lo cual ubica a México como la tercera más grande economía ilícita del planeta después de China y de Rusia.[7]

La Corrupción Política como Delincuencia Organizada

En mi experiencia internacional desde 1993 hasta hoy, solo en entre el 1% y el 7% de los archivos de casos judiciales incluidos en muestras provenientes de una minoría de países se puede identificar a una estructura criminal transnacional que incluya a funcionarios públicos corruptos en los niveles políticos más altos de los Estados (es decir, presidentes o primeros ministros, ministros del gobierno central, legisladores o jueces de la suprema corte) junto a empresarios del más alto nivel dentro del sector legal y junto a organizaciones “pantalla” de sociedad civil. Estas estructuras criminales más sofisticadas se han encontrado, por ejemplo, en Argentina, Brasil, México, Nigeria, Rusia y Ucrania. En esta minoría de expedientes judiciales, se puede observar que altos funcionarios políticos del sector público tomaron la iniciativa de constituir y de gestionar a redes criminales dentro del Estado, como en el conocido caso de la multinacional constructora Odebrecht en Brasil, caso también vinculado al caso Lozoya en México que, a diferencia de Brasil, en México aún goza de impunidad organizacional delictiva, causada por su Fiscalía General de la República Mexicana.[8]

En un libro a publicarse próximamente, Jorge Pontes y Márcio Anselmo analizan “los desafíos de la delincuencia institucionalizada” en causas judiciales por corrupción política de alto nivel que involucra a las más grandes empresas privadas constructoras de Brasil, tal como en el maxi-proceso judicial conocido como Lava Jato.[9] Dichos expedientes judiciales están vinculados a la tipología de delincuencia organizada de naturaleza política que, en un análisis internacional aplicado a Argentina y a México, he denominado “mafiocracia,”[10] entendido como la delincuencia organizada impulsada por las más altas autoridades políticas de un Estado (Buscaglia 2011).[11] 

Los autores Pontes y Anselmo, como ex-agentes de alto nivel de la policía federal Brasileña, brindan información única sobre los principales desafíos institucionales y las mejoras en el desempeño contra el crimen organizado en las investigaciones de la policía federal que los dos autores lideraron.[12] Más específicamente, los autores muestran mejoras institucionales en el desempeño de la policía federal de Brasil junto con un progreso tangible en su coordinación interinstitucional con el poder judicial federal Brasileño y con la agencia de inteligencia financiera. Estas mejoras institucionales ocurrieron a pesar de las obstrucciones orquestadas por redes criminales compuestas por políticos brasileños de alto nivel. 

Estas obstrucciones incluían a recortes presupuestarios premeditados aplicados a la policía federal, muchos tipos de obstrucciones presidenciales a la justicia que los autores describen en detalle y muchos otros tipos de "distracciones" institucionales para limitar la aplicación de la ley solamente a delitos callejeros de bajo nivel. Esta publicación de Pontes y Anselmo (que saldrá próximamente en el 2021) también destaca cómo el fortalecimiento de la ética colectiva dentro de la policía federal y las reformas judiciales institucionales a veces pueden tener un impacto positivo en el desempeño antimafia contra una red delictiva organizada creada y administrada por funcionarios políticos de alto nivel.[13] El destacado mérito de las carreras profesionales y académicas de Ponte y Anselmo, el arduo trabajo colectivo en la Policía Federal de Brasil, la excelente coordinación entre esta Policía Federal y las autoridades de inteligencia financiera, la vasta presión desde las bases de la sociedad civil brasileña en apoyo de las acusaciones judiciales anticorrupción y la sólida coordinación judicial internacional son todos factores causales que explican los más recientes éxitos en la lucha contra la delincuencia organizada impulsada desde el nivel político más alto del Estado en Brasil.

México, por otro lado, nunca antes en su historia logró mejoras en el sistema judicial para erradicar o mínimamente controlar la corrupción política de alto nivel para luego así lograr reducir la corrupción judicial y lograr mejoras en el desempeño punitivo judicial.   Además, el sector público mexicano nunca implementó políticas sociales para evitar que cientos de miles de jóvenes cada año caigan en las garras de redes del crimen organizado, tal como la red delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la red criminal del Cártel del Golfo/Noreste y la organización criminal transnacional más políticamente poderosa de México, el Cártel de Sinaloa.[14] Por lo tanto, hoy México sigue deslizándose por un trágico sendero de una mayor frecuencia de homicidios masivos y “feminicidios.” Además, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, desde sus días de campaña política presidencial en 2017, propuso, y ahora en el poder ha implementado un frustrado enfoque de “pax mafiosa” hacia el crimen organizado o lo que el mismo presidente López Obrador denominó una “amnistía anticipada” en beneficio de los políticos vinculados al crimen organizado y en detrimento de los esfuerzos de coordinación judicial internacional y en detrimento de la población mexicana en general.[15]

Estados Dictatoriales que Patrocinan al Crimen Organizado y Estados Débiles Capturados por el Crimen Organizado

Los estudios comparativos internacionales muestran que la delincuencia organizada patrocinada  o fomentada por el Estado es mucho más dañina socialmente que las mucho más frecuentes redes tradicionales de delincuencia organizada que solo operan en mercados informales sin lograr capturar a instituciones enteras del sector público. Estas delincuencias organizadas limitadas a mercados informales para el tráfico de drogas u otros ilícitos, que no impliquen capturas de instituciones del Estado, se pueden encontrar en la mayoría de los países con sólidas instituciones judiciales, eficaz inteligencia financiera y con políticas públicas de prevención social de la delincuencia organizada relativamente eficaces trabajando mano a mano con organizaciones de la sociedad civil capaces de producir auditorías ciudadanas del desempeño de funcionarios públicos en todo el Estado.[16]

Tal como se indicó en la sección previa de este ensayo, Pontes y Anselmo (en un libro que saldrá próximamente en el 2021) proporcionan un ejemplo de delincuencia organizada impulsada por el Estado a través de su análisis de un caso que involucra a la constructora multinacional brasileña Odebrecht y la captura criminal desde el más alto nivel político del Estado brasileño durante el gobierno del expresidente Lula da Silva. Los dos autores describen al Jefe de Gabinete del Presidente que es involucrado en una reasignación corrupta frecuente y masiva de cientos de millones de dólares a licitaciones públicas fraudulentas a través de contrataciones públicas  amañadas asignadas a la firma Odebrecht y a otras cuatro empresas durante un período de décadas. De este modo, grandes cantidades de recursos presupuestarios del sector público fueron excluidos del sector sanitario, del sector educativo o del sector judicial y reasignados a “adquisiciones” corruptas vinculadas a empresas constructoras como la empresa Odebrecht que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también estuvo involucrada en corrupción política electoral de alto nivel a través del financiamiento ilegal de campañas políticas en países de África y Latinoamérica.[17]

Una de las conclusiones de mis estudios internacionales comparativos contra la delincuencia organizada, que mencioné anteriormente, es que la delincuencia organizada impulsada por el Estado es mucho más difícil de combatir que la delincuencia organizada limitada a la economía informal que operan en países con sistemas antimafia relativamente desarrollados. En este contexto internacional, en los casos de delincuencia organizada de Estado, funcionarios políticos de alto nivel constituyen, impulsan y administran sus propias organizaciones criminales dentro del mismo Estado, por ejemplo, al organizar licitaciones públicas multimillonarias amañadas a través de contrataciones dentro del sector petrolero mientras que los recursos judiciales, que se supone que deberían estar para prevenir o combatir a estos delitos complejos, no logran cumplir con sus funciones judiciales por quedar bajo el tráfico de influencia de los mismos políticos criminales.[18] Por lo tanto, una mafiocracia o delincuencia organizada impulsada por el Estado es más perdurable que la delincuencia organizada tradicional que solo se constituye, coordina y maneja desde afuera del Estado y se limita a amplios o pequeños sectores económicos informales, como es ocurrencia normal en países como Canadá, Francia, Alemania o los Estados Unidos de America.

Al analizar la experiencia internacional en este tema, concluí que la descontrolada delincuencia organizada transnacional que es impulsada y configurada por políticos desde el Estado surge como resultado de largos períodos de “vacíos” institucionales de Estado en el efectivo  desempeño judicial y de inteligencia financiera sumados al “vacío” de una infraestructura social para rescatar a la juventud marginada de una vida delictiva. Existen también experiencias de éxito relativo en donde Instituciones del sistema judicial (incluida la policía especializada) en coordinación nacional con órganos de inteligencia financiera y en coordinación internacional judicial si han podido reaccionar eficazmente en algunos otros países, tal como en Brasil o en Colombia. 

Sin embargo, en países en donde la delincuencia organizada controla a la política, tal como en México o Ucrania, redes criminales impulsadas y configuradas por grupos de políticos han fragmentado y han debilitado al mismo Estado y cada grupo del crimen organizado transnacional captura a diferentes gobernadores y a diferentes cuerpos policiales estatales para usarlos contra otras organizaciones criminales que a su vez también compiten y capturan a otros fragmentos de un cada vez más debilitado y paralizado Estado. Se trata de una perniciosa espiral de violencia mafiosa extrema con crímenes de lesa humanidad descontrolados que quedan en la impunidad, tal como las desapariciones forzadas de 43 estudiantes rurales en Ayotzinapa, México.[19]

En este escenario, la corrupción política fuera de control, tal como la que cada vez más frecuentemente ocurre desde hace décadas en México, fomenta una competencia en la captura violenta de diferentes fragmentos de un Estado Mexicano cada vez más ineficaz y mas debilitado por redes delictivas compuestas por políticos, aumentando así de manera descontrolada los niveles de violencia. Dentro de estos escenarios, la corrupción política descontrolada que fragmenta y debilita al Estado, tal como hoy se observa en México o Ucrania, es el principal factor causal de la violenta expansión transnacional de las redes dedelincuencia organizada.[20]

Delincuencia Organizada Patrocinada por Estados

La experiencia internacional también demuestra que las redes criminales limitadas a operaciones dentro de los mercados informales de drogas, armas, trata de personas o tráfico de migrantes con relativamente baja frecuencia de corrupción en el sector público, tal como se observa hoy en Alemania o en Canadá, puedentambién causar muchas muertes, heridos y significativos daños sociales cada año. Sin embargo, la delincuencia organizada configurada y gestionada desde el Estado causa un daño social incalculablemente mayor. Como demostré en mis publicaciones anteriores,[21] dentro de las mafiocracias, como la que padece México, las descontroladas redes de la delincuencia organizada transnacional configuradas e impulsadas desde fragmentos del Estado Mexicano compiten con violencia extrema para moldear las leyes, controlar a los poderes judiciales y capturar partes del sector público para su propio beneficio mafioso.

En contraste a lo explicado en el párrafo anterior, en países como China, Rusia o Corea del Norte, existen autocracias políticas que se han fortalecido a través de décadas de dictaduras "estables" con la capacidad de imponer “mano dura” (sin un estado de derecho) sobre organizaciones de redes criminales privadas patrocinadas por un Estado totalitario para poder así utilizar a redes de delincuencia organizada con el propósito de aplicar y fortalecer a sus políticas exteriores de expansión geográfica y a sus políticas interiores de represión política.[22] Tal es la transición perjudicial que se observó entre el régimen caótico de Yeltsin y la actual dictadura política de Putin en Rusia. En estos escenarios, uno puede observar lo que he denominado una "Delincuencia Organizada Patrocinada por Estados,"[23] como por ejemplo, en la falsificación de dólares estadounidenses y en el tráfico de drogas sintéticas patrocinados desde el Estado de Corea del Norte y destinados a obtener dinero en efectivo para financiar su programa nuclear y otras prioridades de política exterior e interior. Otro ejemplo de “delincuencia organizada patrocinada por Estados” lo proporciona la creciente proporción de pesca ilegal transnacional y el tráfico ilegal de minerales, flora y fauna que involucran a sectores paramilitares asociados al sector público y al sector privado de China.[24] En otras palabras, en estos casos la delincuencia organizada transnacional estaría patrocinada por el Estado Chino y estas redes criminales (sean “Tríada” o redes criminales de otro tipo) están forzadas a servira las políticas públicas hegemónicas del Estado Chino en todo el planeta.[25] Otros casos entre otros que ejemplifican a la delincuencia organizada patrocinada por el Estado incluyen, por ejemplo, a Chad, un país Africano gobernado durante los últimos treinta años por la mano dura del dictador Idriss Déby hasta que fue asesinado por rebeldes el pasado 19 de abril de 2021. Chad es un país que ha generado cientos de miles de millones de dólares a través de la explotación petrolera. Estos  dineros públicos han sido después ilegalmente puestos al servicio de una delincuencia organizada configurada por funcionarios públicos para así sostener y afianzar a la dictadura política en Chad, mientras que más del 20 por ciento de los niños y niñas de este país mueren antes de los cinco años de edad.[26]

En todos estos casos de delincuencia organizada patrocinada por Estados, la propia naturaleza de un sistema político autocrático lo impulsa a lograr un control estratégico y control táctico operativo de las redes del crimen organizado transnacional para ser usadas como un instrumento adicional que afiance el poder de estos Estados con aspiraciones totalitarias cuyas políticas públicas tienden a la hegemonía regional y global. En consecuencia, la delincuencia organizada de Estado en China, Rusia o Corea del Norte ha demostrado poseer la capacidad de causar muertes y masivos daños sociales a sus propias poblaciones o de causar daños ambientales irreparables en el extranjero a través de canales institucionales que son controlados por el Estado, tal como en el caso del genocidio Uighur el cual generó una extrema violencia organizada de Estado vinculada a la explotación económica laboral.[27] Este tipo de violencia causada por una delincuencia organizada patrocinada por el Estado Chino contrasta con la escala de la violencia extrema quizás más visible aunque atomizada causada por la delincuencia organizada descontrolada y de naturaleza política fomentada desde fragmentos capturados de un Estado débil en países como México o Ucrania.

Conclusión: Como Erradicar a la Delincuencia Organizada Patrocinada por Estados

En conclusión, la efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional siempre depende de una combinación de implementación de leyes y auditorías de financiamiento de campañas políticas más efectivas para prevenir la corrupción política a alto nivel, depende también de instituciones judiciales que trabajan coordinadas de manera interinstitucional con agencias de inteligencia financiera y agencias de recaudación tributaria, como también depende de una mejor implementación de regulaciones económico-financieras para prevenir flujos de dinero ilícito y de políticas sociales preventivas. Mis publicaciones científicas a las que se hace referencia a lo largo de este ensayo demuestran claramente que la ausencia a largo plazo de estos cuatro pilares de políticas públicas "en acción" siempre causan el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional y su perniciosa mutación más frecuente en una descontrolada delincuencia organizada fomentada por un Estado fragmentado y débil, como el que existe hoy en México. Sin embargo, la implementación de estos cuatro pilares de políticas antimafia solo es factible si en primer lugar las redes de delincuencia organizada no controlan al Estado.   Si un Estado patrocina a la delincuencia organizada como instrumento para fortalecer el poder de sus políticos—ya sea de una manera extremadamente violenta, con corrupción política fragmentada y fuera de control como la que existe en México—o con un enfoque estatal controlado y unificado como en Rusia—la experiencia internacional demuestra que la solución es problemática.

Solamente una combinación de amplias sanciones económicas y políticas internacionales aplicadas legítimamente por una amplia alianza entre Estados a través de organizaciones internacionales, tal como las Naciones Unidas, simultáneamente junto a una presión internacional desde las bases unificadas de la sociedad civil serán las únicas dos modalidades para terminar con el actual “impasse” antimafia.

Notas finales

[1] Edgardo Buscaglia, “On Best and Not so Good Practices for Addressing High-level Political Corruption Worldwide: An Empirical Assessment,” Capítulo 16 en Susan Rose Ackerman and Susan Soreide (Eds.), International Handbook on Corruption, 2011.

[2] Buscaglia Edgardo, The Paradox of Expected Punishment: Legal and Economic Factors Determining Success and Failure in the Fight against Organized Crime,Review of Law & Economics. Vol. 4, no.1, pp. 290-317, octubre de 2008: https://ideas.repec.org/a/bpj/rlecon/v4y2008i1n14.html.

[3] Ibid.

[4] United Nations Convention against Organized Crime (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html.

[5] Buscaglia 2008. supra nota 2.

[6] Edgardo Buscaglia, “Institutional Factors Determining the Gaps between Laws in the Books vs. Laws in Action: An Analytical Framework for Improving Judicial Effectiveness" en Legitimacy, Legal Development and Change: Law and Modernization Reconsidered. London and New York: Routledge, 2016.

[7] Edgardo Buscaglia, Lavado de Dinero y Corrupción Política/Money Laundering and Political Corruption: México: Penguin Random House, 2015.

[8] Understanding Odebrecht: Lessons for Combatting Corruption in the Americas (2019). Hearing Before the subcommittee on the Western Hemisphere. US House of Representatives. Serial No. 116–18. Disponible en:  https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-116hhrg35616/pdf/CHRG-116hhrg35616.pdf; También refiérase a Sandrine Gagné-Acoulon, “Ex-Boss of Mexico’s Oil Company Pleads not Guilty in Odebrecht Case.” OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). 30 de Julio de 2020: https://www.occrp.org/en/daily/12886-ex-boss-of-mexico-s-oil-company-pleads-not-guilty-in-odebrecht-case.

[9] Jorge Pontes and Márcio Anselmo. Crime.gov. London: Bloomsbury Academic. En preparación 2021.  

[10] Pete Madden, “Mexican elections are bloodiest in recent memory.” ABC News. 1 de julio de 2018, https://abc7ny.com/3687862/.

[11] Buscaglia 2011, supra nota 1.

[12] Pontes y Anselmo, en preparación, supra nota 8. 

[13] Ibid.

[14] Prevención del Delito y Disminución de la Delincuencia: Experiencias Internacionales de Éxito:Prevención+Police=Seguridad. Diputada Federal Claudia Cruz Santiago, Coordinadora. Congreso de la Unión. 26 de mayo de 2015. Available at at https://www.slideshare.net/MarcoAntonioTovar/prevencion-del-delito-experiencias-de-exito-internacionales.

[15] Las familias de desaparecidos rechazan la amnistía de AMLO; No nos dará justicia ni paz, afirman.Sin Embargo. 23 de Julio de 2018: https://www.sinembargo.mx/23-07-2018/3446387.

[16] Edgardo Buscaglia, “The Economic Analysis of Human Rights and Organized Crime” en Manuel Tablante, et. al. (Eds.), Corruption and Human Rights. Max Planck Institute, 2018.

[17] “Combating Corruption in Latin America: Congressional Considerations.” Washington, DC: Congressional Research Service. Report R45733, 2019:  https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45733; and “Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History,” Washington, DC: US Department of Justice, Office of Public Affairs, 2016: https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve.

[18] Pontes y Anselmo, en preparación, supra nota 8.

[19] Edgardo Buscaglia, Vacíos de poder en México: El Camino de México hacia la Seguridad Humana. Editorial Random House: Debate, 2013; y Marco A. Jimenez, “Ayotzinapa 43: The Criminal Corruption of the Mexican State.” Educational Philosophy and Theory. Vol. 48, no. 2, 2015: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2015.1037226.

[20] Buscaglia 2018, supra nota 16.

[21] Buscaglia 2016 & 2018, supra notas 6 y 16.

[22] Buscaglia 2018, supra nota 16.

[23] Ibid.

[24] Gunnar Stølsvik, “The development of the fisheries crime concept and processes to address it in the international arena.” Marine Policy. Vol. 105, pp. 116-122, 2019: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.12.027.

[25] Juan Ignacio Cánepa, “Entrevista al Jefe del Comando Sur: China posee una flota pesquera patrocinada por el Estado e involucrada en actividades ilegales’.” Infobae. 9 de abril de 2021: https://www.infobae.com/def/defensa-y-seguridad/2021/04/09/entrevista-al-jefe-del-comando-sur-china-posee-una-flota-pesquera-patrocinada-por-el-estado-e-involucrada-en-actividades-ilegales/.

[26] See “Chad’s strongman president, Idriss Déby, is killed by rebels.” The Economist. 24 de abril de 2021, https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/04/22/chads-strongman-president-idriss-deby-is-killed-by-rebels.

[27] Consulte los informes de Human Rights Watch en https://www.hrw.org/tag/uyghurs#.

 

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About the Author(s)

Edgardo Buscaglia is presently a Senior Scholar in Law and Economics at Columbia University (USA); the Director of the International Law and Economics Development Centre; and President of the Institute for Citizens Action (Mexico).  Professor Dr. Buscaglia currently serves as Visiting Senior Academic at the Università degli Studi di Torino (Italy) and Visiting Professor at the Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina).  Prof. Dr. Buscaglia has served as Visiting Professor of Law and Economics at the Mexican Autonomous Institute of Technology (ITAM–Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) between 2003-2013 and at the National Autonomous University of Mexico (UNAM–Universidad Nacional Autónoma de México in 2013, Georgetown University (USA) between 1995 and 1996 and Hamburg University (Germany) in 2014.  Prof. Dr. Buscaglia was affiliated as a Fellow with the Hoover Institution at Stanford University between 1991 and 2008, and Director of the International Law and Economic Development Center at the University of Virginia until 2005. Dr, Buscaglia also served as United Nations staff, United Nations external adviser and as World Bank staff. Dr. Buscaglia’s worldwide applied research field work on organized crime and terrorism financing covers 119 countries.  In 1995, he co-founded the Latin-American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE). He received his legal postdoctoral training in the Jurisprudence and Social Policy Program at the University of California at Berkeley and received a master’s in law and economics and a PhD in law and economics from the University of Illinois at Urbana-Champaign in 1989.