Uso Del Suelo Urbano Por Parte De Los Grupos Armados Ilegales En Medellín

Este artículo propone ideas sobre las operaciones de contrainsurgencia, orden público y estabilidad en el contexto del “ordenamiento territorial”. Ordenamiento territorial engloba muchas de las corrientes teóricas dominantes de la actualidad en lo que se refiere a la dirección centralizada de la vida urbana.[i] En este artículo se evalúan siete categorías propuestas de usos ilegales del suelo en los barrios marginales, tomando como referencia un caso reciente y complejo de América Latina.  Debemos admitir que esta aplicación del término “uso del suelo” puede ser demasiado literal y no debe confundirse con “planificación del uso del suelo” mejor conocido en el español como ordenamiento territorial.[ii] Estos últimos términos por lo general conllevan un conjunto de normas teóricas y objetivos centrados, en parte, en el concepto de “sostenibilidad” (a menudo presentado en la bibliografía sobre planificación como un equilibrio o una reconciliación entre la gestión medioambiental, la equidad social y la maximización económica).[iii] El ordenamiento territorial también entraña un conjunto especializado de opiniones y planes que provienen de personas a las que podemos estereotipar como tecnócratas y burócratas: funcionarios del gobierno.

La planificación gubernamental del uso del suelo en Medellín, Colombia, ha tratado de alcanzar los supuestos valores de “sostenibilidad”, pero en el proceso ha tenido que arrebatarle el dominio del uso del suelo a grupos armados ilegales violentos y proporcionar a la población seguridad física y servicios de resolución de conflictos.  En un área urbana tan violentamente conflictiva, la planificación del uso del suelo debe tomar en cuenta el uso ilegal y violento del suelo.  A largo plazo, el logro de los objetivos básicos de sostenibilidad propicia contratos sociales pacíficos; sin embargo, en un plazo más corto, algunos aspectos del diseño urbano deben abordar directamente el mejoramiento de la labor policial y, posiblemente, incluso la eficacia de las operaciones militares.  Si las experiencias de Medellín pueden servir de base para predecir alguna cosa, es que los planificadores de seguridad necesariamente orientarán su discurso hacia el uso del suelo, mientras que los planificadores del uso del suelo orientarán su discurso hacia la seguridad.

Los grupos armados ilegales (GAI) que no son autóctonos dan al suelo de los barrios marginales urbanos principalmente ocho usos superpuestos relacionados con sus actividades ilegales.  Estos ocho usos son (sin seguir ningún orden en particular): 1) cobro de “impuestos” (conocido como cobro de vacunas), 2) libre comercio, 3) refugio, 4) fabricación o procesamiento clandestinos, 5) planificación de operaciones violentas que se llevarán a cabo fuera del barrio, 6) tránsito seguro de contrabando, 7) reclutamiento de miembros, y 8) como prisión o fosas para sus víctimas.  Las ocho categorías podrían usarse como parte de una taxonomía para elaborar perfiles geográficos (investigación geoforense predictiva).[iv]  Las categorías de usos del suelo por parte de los GAI son adecuadas como variables (descripciones de campo o nombres de atributos; tal vez como títulos de las columnas en la parte superior de una hoja de cálculo SQL) en una tabla de datos de un sistema de información geográfica (Geographic Information System, GIS) forense policial o militar.[v]

Si bien este uso del GIS puede ser la aplicación más inmediata o directamente relevante para la reducción de los grupos armados ilegales por parte del gobierno, otros usos, como por ejemplo la recopilación de información sobre el proceso de edificación urbana y el trazado de calles, podrían generar a largo plazo los beneficios de seguridad más importantes.  Además, una correcta taxonomía según el sistema GIS puede servir para comprobar con mayor rapidez teorías y métricas más amplias relacionadas con la insurgencia y la contrainsurgencia, y es de esperar que también sirva para impulsar estrategias de planificación del uso del suelo que permitan establecer contratos sociales pacíficos.  Posiblemente sea correcto asegurar que el sentido común de los detectives experimentados sigue siendo la principal fuente de predicciones exitosas en relación con  los lugares y los momentos en los que es probable encontrar un miembro o un activo de un GAI.  Parece ser que ese sentido común, basado en la experiencia, constituye la columna vertebral de los métodos de inteligencia policial para prever dónde se encuentran los delincuentes en la mayor parte de las ciudades extranjeras.[vi]  Sin embargo, una epistemología más sofisticada, construida como un GIS, podría mejorar, ampliar y acelerar las victorias predictivas del sentido común.  Con este ánimo optimista, analizamos el caso de Medellín, que ha sido uno de los campos de batalla urbanos más complejos y difíciles del mundo.

Medellín, Colombia

Aun cuando se hacen algunas referencias a otros conflictos urbanos, este artículo se centra en el caso de la Comuna 13, en Medellín, Colombia, que sufrió niveles críticos de violencia interna en la primera década del siglo XXI.[vii]  Aunque muchos de los GAI surgieron en la misma Comuna 13, entre los entes de procedencia externa se contaban también cárteles de la droga procedentes del área metropolitana de Medellín y de otras partes de Colombia, así como organizaciones revolucionarias y paramilitares nativas de otras regiones del país. Estos últimos grupos fueron motivo de gran preocupación no sólo para los vecinos de la Comuna 13, sino también para el gobierno constitucional colombiano a todos los niveles. Las personas con mayor capacidad para controlar el uso ilegal del suelo en la Comuna 13 con frecuencia eran aquellas que podían usar los recursos asociados a los GAI más poderosos, es decir, los no autóctonos.

Antes de analizar cada una de las categorías de usos ilegales del suelo, es necesario que hagamos una introducción descriptiva del área de Medellín.  El terreno urbanizado en y alrededor de la ciudad de Medellín alberga a poco más de tres millones de colombianos.  Como mínimo desde mediados del siglo XIX, ha sido una ciudad de emprendedores y usuarios prestos a adoptar nuevas tecnologías.[viii]  Recibió las diversas oleadas de migración hacia las ciudades que caracterizaron al acelerado siglo XX en América Latina, aunque a finales de los 70 y comienzos de los 80 experimentó una vorágine urbanizadora.[ix]  Contribuyeron a esa vorágine al menos cuatro elementos identificables que vale la pena mencionar:

a. Demografía básica: Medellín, en el noroeste de Colombia, está rodeada por una de las áreas rurales con mayor densidad de población del país, sin embargo, la ciudad se encuentra a una distancia desproporcionadamente mayor de los demás centros urbanos de Colombia, por lo tanto se convierte en un imán para una población relativamente mayor a su alrededor.[x]

b. Las áreas rurales de los municipios del oriente del Departamento de Antioquia, alrededor de Medellín, fueron un campo de batalla clave en la acelerada guerra insurgente contra el gobierno de Colombia.  Lo más probable era que los pobladores violentamente desplazados de esos municipios escaparan hacia Medellín.[xi]

c. Los líderes populistas de la ciudad se hicieron los de la vista gorda ante la ocupación ilegal masiva de la periferia de la ciudad, llegando incluso a alentarla con fines electorales.

d. Medellín siempre ha sido (y sigue siendo) considerada una meca laboral.

Los que migraron a la ciudad, forzados o no, no necesariamente encontraron una alternativa pacífica a su vida rural.  Diversos factores incidieron negativamente en contra de un ambiente social pacífico, haciendo de Medellín no sólo una ciudad de crecimiento hiperacelerado, sino también una de las más violentas del mundo.  Algunos de estos factores fueron los siguientes:

a. En el contexto de la mayor guerra insurgente, Medellín, debido a su carácter ideológico tradicionalmente emprendedor y su aparente vulnerabilidad estratégica, se convirtió en un objetivo territorial, en una estrategia urbana de las principales organizaciones insurgentes guerrilleras, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).[xii]  A finales de 1998, el gobierno de Colombia y las FARC iniciaron un proceso de paz que incluyó la concesión por parte del gobierno de una extensa zona en el este de Colombia de la que se retiraron las fuerzas y autoridades del gobierno.  Durante la mayor parte del período de este proceso de paz, el presidente colombiano Andrés Pastrana impidió a los militares emprender cualquier ofensiva importante, incluyendo el área de Medellín.  Esta restricción casi unilateral concedió un grado de libertad de acción a los diversos grupos armados, entre ellos especialmente las FARC.[xiii] El 20 de febrero de 2002, el presidente Pastrana anunció el fin del proceso de paz, reconociendo frente a los detractores del proceso que las FARC no habían actuado de buena fe y que no se había alcanzado ningún progreso hacia la paz.[xiv] Este suceso, y la comprensión pública de la intencionalidad (mens rea) del liderazgo de las FARC, modificaron radicalmente los parámetros del combate en Medellín y dieron al ejército y la policía nacional libertad para actuar.  A mediados de 2002, después de las elecciones celebradas en mayo, que llevaron al poder al presidente Álvaro Uribe Vélez junto con un equipo de gobierno mucho más asertivo desde el punto de vista militar, la Comuna 13 se volvió el principal escenario de una serie de esfuerzos del gobierno por conseguir la pacificación y el control de la ciudad.  Estas operaciones, apodadas en general “Operación Mariscal”, aparentemente fracasaron hasta octubre, cuando la Operación Orión finalmente consiguió cambiar el estado de la seguridad en la comuna. [xv] (El éxito relativo de la Operación Orión se debió a la decisión tomada por las autoridades civiles y militares de mantener una presencia física permanente de todos los entes del gobierno en la Comuna, a menudo en las áreas de mayor conflictividad.)

b. Medellín era un foco geográfico de los principales consorcios de autodefensa armada anticomunista y anti-FARC, entre los que predominaban las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  Las AUC ganaron un amplio apoyo popular y político en el noroeste de Colombia, inclusive el apoyo de acaudalados intereses empresariales.  La ineptitud que se percibía en el gobierno colombiano bajo el mandato del presidente Pastrana para oponerse militarmente a las FARC de forma eficaz, junto con la herencia de una organización institucional paramilitar oficial, hicieron que la vigilancia paramilitar adquiriera una escala importante.[xvi]  La vigilancia paramilitar, aparejada y unida a las operaciones de narcotráfico, hizo metástasis hasta convertirse en una amenaza a la seguridad pública equiparable a la de las FARC, al menos en algunos departamentos del país.[xvii]  Si bien tal vez fueron eficaces contra las FARC en algunas zonas de batalla, debido a su bárbaro comportamiento las AUC pronto pasaron a formar parte junto con el ELN y las FARC de la lista oficial de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. [xviii] También se unió a la lucha por la Comuna 13.

c.  El tráfico internacional de cocaína había comenzado a florecer en los 80, y con él florecieron también nuevas y poderosas organizaciones criminales, varias de las cuales tenían su cuartel general en Medellín.  Pablo Escobar fue asesinado en Medellín a finales de 1993, pero su legado fue una ciudad saturada de redes de narcotráfico dispersas, con experiencia y despiadadas.  Además, el desmantelamiento de la organización de Escobar, junto con el sometimiento de otros cárteles del Valle de Aburrá, abrieron el camino a la competencia a los capos de la droga con base en Cali.

d. Las rutas preferidas de transporte para el movimiento de mercancías (incluyendo armas y precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga) entre las costas noroccidentales y el centro de Colombia pasan por el Valle de Aburrá, donde se encuentra asentada la ciudad.

Especialmente mientras la violencia rural empujaba, y el dinero ilícito atraía, a las personas hacia la ciudad, territorios más pequeños dentro del área metropolitana se convirtieron en objeto de una intensa competencia violenta.  Estos territorios por los que se competía parecían estar definidos por las típicas consideraciones económicas urbanas.  Los necesitados y los emprendedores aparentemente eligieron estar cerca de servicios urbanos y trabajo, informalidad en la propiedad del suelo y en el precio.[xix]  En parte, la raíz de la violencia puede encontrarse en una reacción espontánea frente a condiciones infrahumanas.  La ausencia de servicios básicos tales como alcantarillas y baños, por ejemplo, desencadenaría ofensas contra la dignidad personal, llevando a la rápida creación de alianzas con fines de protección y venganza.[xx]  Otros grupos se formaron en torno a conexiones piratas de electricidad, cable o agua potable.  Aparte de estas necesidades básicas (si es que puede calificarse así la necesidad de tener televisión por cable), apareció una forma de violencia más sofisticada, alimentada también por la ausencia de una autoridad formal, pero en respuesta a los posibles usos ilícitos de los barrios marginales periféricos descritos anteriormente en el primer párrafo.  Algunos usos estaban influenciados por estrategias de guerra más grandes, especialmente del gobierno y de las FARC.  Su “proceso de paz” dio algo más de libertad a la presencia y acción de algunos GAI, entre ellos organizaciones guerrilleras izquierdistas, aunque, por otra parte, incitó a organizarse a los paramilitares antiguerrilleros, los que en algunas localidades lograron bloquear los avances de la guerrilla, si bien por la vía de la confrontación violenta.  Estos factores de decisión inducidos por la guerra se alinearon con las corrientes de urbanización existentes para garantizar una competencia a muerte entre más de media docena de entidades despiadadas.  Enumeradas brevemente, estas incluían lo que quedaba del Cartel de Medellín, el Cartel de Cali, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las grupos urbanos escindidos de las FARC y el ELN, las AUC, las milicias y los bandoleros locales, especialmente un grupo separado del ELN autodenominado los Comandos Armados del Pueblo (CAP), así como una variedad de matones a sueldo locales.[xxi]  Estos diversos GAI adoptaron una categorización en jerga, para la que tomaron como referente los términos musicales de “bandas”, “combos” y “orquestas”.  Sumada a la fricción una fuerza policial no siempre noble e incorruptible.

Las historias de cómo se desarrollaron los GAI autóctonos de los barrios marginales son muy diferentes a las de los grupos foráneos, y este hecho se refleja en su uso del suelo.[xxii]  Los grupos violentos que se forman desde dentro de un barrio marginal lo hacen en relación con servicios y bienes relativamente invalorables o inexportables, y por lo tanto están descapitalizados, con frecuencia deseosos de un liderazgo eficaz y carentes de objetivos estratégicos o un poder emotivo ideológico en comparación con los grupos foráneos.[xxiii] Esto es, hasta cierto punto, obvio, dado que los GAI externos más poderosos están en capacidad de aventurarse por el barrio desde la distancia, precisamente gracias a su relativo poder.[xxiv]

Usos ilegales del suelo tomados en consideración

1. Cobro de “impuestos”.  La Comuna 13 se encuentra en su mayor parte sobre colinas y comprende 20 barrios.  Varios de estos barrios tienen una comodidad relativamente mayor que el resto.  Los propietarios y residentes de los apartamentos y condominios de clase media y clase media-baja fueron víctimas de la depredación ejercida por los barrios cercanos más anárquicos de la Comuna que se encuentran cerro arriba.  Las estadísticas recopiladas sobre los movimientos del mercado y los precios de alquiler de los inmuebles con el paso del tiempo muestran un claro patrón de reducción del valor a medida que los inmuebles más formales (por lo general, en las partes bajas) sufren la proximidad de las áreas menos formales.[xxv]  Además, los expertos inmobiliarios locales reivindican ciertas excepciones, como los precios de los inmuebles en la proximidad inmediata de los moteles (lugares de encuentro que se alquilan por horas, especialmente populares en algunas ciudades colombianas).  Las excepciones pueden reflejar la mayor capacidad disciplinaria de los GIA externos, que probablemente inviertan más recursos económicos o sociales en actividades lucrativas que en atraer dinero del exterior de la Comuna.  En los dos o tres años anteriores a la Operación Orión, creció el número de apartamentos disponibles en la Comuna, y muchos dueños de propiedades horizontales abandonaron por completo sus inmuebles o los alquilaron por casi nada para conseguir que alguien los ocupara.  Supuestamente, muchos de los inquilinos que se quedaron en estos inmuebles a precios de liquidación eran agentes de los GAI externos.  En efecto, los inmuebles residenciales y comerciales cercanos a las áreas de territorialidad y competencia del crimen organizado son muy sensibles a los precios.[xxvi]

Para las bandas autóctonas, el cobro de “impuestos”(o cobro de vacunas) será una forma más cruda de extorsión que para los GAI más grandes.  Es probable que las bandas externas inviten a las locales a participar directamente con ellas o a pagarles un tributo.  El problema se presenta cuando dos bandas externas competidoras ofrecen tratos similares a una misma banda local.  La banda autóctona por lo general se ve forzada a decidirse por uno u otro GAI externo, y entonces normalmente es obligada a presentar pruebas de su lealtad que implican actuar como tropa de avanzada para el GAI externo.  Una ventaja que disfruta la banda local a menudo son las relaciones personales que tienen con las autoridades locales, lo que le ofrece la posibilidad de informar eficazmente sobre una de las bandas externas.  El riesgo de esta opción con frecuencia es el hecho de que mientras más grande sea la banda externa, mayor será la posibilidad de que se haya infiltrado en alguna medida en el aparato policial.

2. Libre comercio ilícito.  Al igual que muchos otros sistemas de gobierno, el gobierno legítimo de Medellín trataba las conductas pecaminosas con un ojo puesto en las leyes, con la creencia de que un cierto nivel de regulación permitiría satisfacer las demandas básicas y proporcionar ingresos fiscales, al tiempo que limitaría la exposición de las clases protegidas (los niños) al pecado.  Por ejemplo, se definieron reglas para regular la prostitución.  Se legalizó la prostitución, mientras que el proxenetismo (la administración de las actividades comerciales de una prostituta) siguió siendo ilegal.  Todas las prostitutas debían tener cuentas electrónicas registradas, y una gran parte del negocio adoptó un formato de prepago en el que los clientes compraban tarjetas de prepago y todo el dinero que generara el uso de las tarjetas pasaría a las cuentas registradas.  Al igual que ocurre con la mayor parte de las empresas, la regulación implica costos comerciales, que los negocios tratan de evitar siempre que sea posible.  Las medidas adoptadas principalmente tendieron a separar en clases sociales a las prostitutas.  Sin embargo, una actividad clandestina atrae o lleva a otra.  A medida que la venta de drogas, el intercambio de drogas por armas, la piratería informática, etc., comenzaron a encontrar un espacio en la Comuna 13 o cerca de ella (porque para los organismos policiales formales se volvió cada vez menos posible entrar con seguridad en la comuna), esas actividades también comenzaron a seguir de cerca, hasta cierto punto, a la prostitución por razones relacionadas con el lavado de dinero, las comunicaciones, etc.  Aún así, las victorias de la policía contra el anonimato que disfrutaba una forma de conducta delictiva probablemente acabaría con el anonimato de otras actividades ilícitas.  Para los grupos autóctonos, las ventajas del libre comercio son similares, pero para bienes y servicios de menor valor, cuando no de mayor necesidad inmediata, como por ejemplo agua y electricidad.  Se identificaron algunos lugares muy específicos como los más codiciados para los depredadores, razón por la cual las propiedades inmobiliarias alrededor de esos puntos pasaron a ser unas de las más peligrosas.

3. Refugio.  Más allá del comercio libre, los forajidos necesitan lugares donde descansar, recuperarse, hacer planes y curarse.  Las áreas rurales distantes implican las mismas dificultades de acceso y suministros para los forajidos que para todos los demás; por lo tanto, para algunos GAI el hecho de contar con un escondite urbano constituye una ventaja importante.   Yoni Rendón transmite las explicaciones de un joven de la Comuna 13 reinsertado que perteneció de forma diversa a una banda local, al Ejército, al ELN y más tarde de nuevo al ELN.  El joven guerrillero del ELN normalmente trasladaba a miembros heridos en combate, por ejemplo, desde la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, hasta la Comuna 13 de Medellín, para que recibieran atención médica y pudieran recuperarse.  Cabe destacar en relación con el refugio urbano, que la ausencia aparente de algunos individuos en lugares específicos es tan reveladora para algunos fines de inteligencia como su presencia.  Dada la falta de coherencia entre la atención médica y la defensa activa, el ELN podría fingir estar ausente de algunas partes de la ciudad.

Para los grupos autóctonos, el cálculo del refugio es muy diferente, ya que es probable que disfruten el favor y la protección de sus familias, sin embargo, al mismo tiempo esto hace que muchos lugares no sirvan como refugio por la misma obvia razón forense.

4. Fabricación o procesamiento clandestinos.  La falsificación de discos compactos, dinero, entradas, tarjetas de identidad, uniformes, llaves, etc. es una actividad corriente en algunas áreas marginales, incluyendo algunos barrios de la Comuna 13.  Cuando los GAI externos se volvieron clientes, todos ellos sin excepción quisieron excluir a los demás GAI de una actividad particularmente lucrativa, que otorgaba poder o protección, dando lugar a mucha de la violencia mencionada arriba cuando hablábamos sobre el libre comercio y el cobro de “impuestos”.  A medida que cualquier proceso se vuelve más complejo, como la falsificación de documentos de identidad, que requiere conocimientos que van más allá de la localidad, es más probable que los foráneos busquen refugio en la localidad, en lugar de que los grupos locales busquen mercados más grandes.

5. Planificación de operaciones violentas que se llevarán a cabo fuera del barrio o en sus alrededores.  Las FARC habían tenido desde hacía tiempo una visión estratégica que incluía una ofensiva urbana.  En este contexto de una guerra insurgente mayor, con motivaciones ideológicas e impulsada por interpretaciones a mayor escala del territorio nacional clave, parte de las actividades de los GAI de la Comuna 13 eran de prospección, en preparación para implantar el llamado al sabotaje, la compartimentación de las calles, el estrangulamiento del movimiento oficial y el levantamiento popular que desde hacía tiempo había sido básico en el diseño de la guerrilla latinoamericana esbozado por Guevara, Marighella y Debray.[xxvii]  Medellín, por su ubicación estratégica, importancia económica, composición demográfica de nuevo centro urbano y ser un bastión del pensamiento neoconservador y anticomunista, siempre estuvo en la lista de objetivos estratégico a corto plazo de la guerrilla para finalmente tomarla.  La implantación de cuadros de las FARC y el establecimiento de redes de solidaridad en los barrios marginales periféricos parecía ser un paso necesario, uno que las FARC intentaron acelerar en los 90. La ventaja de las FARC era su habilidad para mantener su presencia rural fuera de la ciudad.  El ELN también codiciaba espacio urbano en Medellín, por razones compatibles, aunque con un mayor énfasis regional: las líneas de comunicación estratégicas para el ELN se movían en parte por el noreste de Medellín a través de lo que se conoce como el Magdalena Medio (región del curso medio del río Magdalena, centrada alrededor de Barrancabermeja) hacia la frontera con Venezuela.  Dada la evidente importancia que tiene Medellín para las guerrillas, las AUC paramilitares comenzaron a interesarse en controlar la periferia de la ciudad.  Los principales narcotraficantes se convirtieron en importantes terratenientes y adquirieron haciendas y mansiones en las montañas que rodean la ciudad.

Bajo los designios estratégicos nacionales de los ejércitos irregulares comunistas y anticomunistas, los GAI más pequeños decidieron que algunos barrios de la Comuna eran áreas ideales para planificar ataques depredadores que perpetrarían en partes más céntricas de la ciudad.  Secuestros, robos e incluso asesinatos al servicio de los GAI más grandes podían dirigirse mejor desde las periferias, con frecuencia utilizando motocicletas, varios taxis u otros métodos para perpetrar sus ataques y después regresar a su refugio de forma más eficiente.

6. Tránsito seguro de contrabando.  Una antigua ruta comercial rural entre la región de Urabá y las áreas fronterizas con Panamá pasa por Santa Fe de Antioquia (actualmente un centro turístico al noroeste de Medellín), y atraviesa después la Comuna 13 en dirección hacia Medellín, por donde también pasa. Hay varias rutas importantes que entran y salen de Colombia, pero esta es una de las mejores para desplazarse de este a oeste.  Debido a la presencia de numerosas empresas industriales y de manufactura en el Valle de Aburrá, el movimiento de precursores de drogas ilícitas o material de guerra disfruta de un medio de ocultación natural y facilidad para encontrar una explicación.  Las bandas locales consideran que esto es una ventaja sólo en la medida que puedan cobrar de forma segura peajes por cruzar sus territorios.  Dependiendo de su capacidad y su disposición a utilizar la violencia, compartirán los peajes, se rendirán a una paz informal con los GAI más grandes, se unirán a esos GAI, o serán aniquiladas.

7. Reclutamiento.  En la Comuna se volvió frecuente el reclutamiento de sicarios, secuestradores, transportistas de droga, informantes y mensajeros. Sin embargo, las organizaciones que traficaban con drogas ilegales pagaban mejor y más rápido estos trabajos.  En el período de creciente violencia, durante los dos años anteriores a la Operación Orión de octubre de 2002, el ELN y las FARC llevaron a cabo operaciones de presencia en la Comuna 13.  Estas operaciones siguieron un patrón básico de observación e identificación de los tipos de personalidad adecuados para una variedad de misiones, después de lo cual venían las amenazas selectivas y el reclutamiento.  El ELN, sin embargo, se retiró unos meses antes de que comenzara la Operación Orión.  Esto se debió en parte a una incipiente confrontación armada entre las FARC y el ELN, que el ELN sintió que no podría permitirse mantener.  Según las pruebas halladas en los materiales informáticos incautados, la razón principal fue que el liderazgo del ELN decidió que el carácter individual de los varones en edad de reclutamiento en los barrios marginales no era el adecuado para la causa revolucionaria.  El ELN había estado invirtiendo recursos en las áreas marginales con la intención de reclutar revolucionarios, aunque al parecer descubrió que, a diferencia de muchos jóvenes rurales, los adolescentes de los barrios marginales eran desafiantes, irrespetuosos, gratuitamente violentos, relativamente perezosos salvo a la hora de divertirse sin medida, y poco impresionables con los argumentos revolucionarios, en especial cuando no incluía el reparto de botín.  La población masculina como mínimo había sido infectada por la droga y la cultura de las bandas juveniles no era adecuada para los revolucionarios de “la clase dirigente”.[xxviii]  Mientras tanto, otros agentes encontraron a muchos jóvenes perfectamente idóneos para sus modelos de negocios.  Las FARC, por ejemplo, llegaron a dominar la externalización, especialmente de secuestros y asesinatos.  Asimismo, los GAI más despiadados y emprendedores ofrecieron empleo a niños muy jóvenes (de ocho o nueve años, para hacer entregas y como vigilantes) y a niñas adolescentes y preadolescentes (en su mayor parte como informantes, trabajadoras sexuales o ambas cosas).

8. Prisión o fosas para las víctimas.  La Comuna 13 se usó como un lugar donde retener temporalmente a víctimas de secuestro y también ostensiblemente como lugar para deshacerse de cuerpos.   La índole de este ultimo uso es tan controversial y delicado desde el punto de vista emocional y forense, que a estas alturas no puede describirse en mayor detalle, y el uso sustancial del área para este fin aún no se ha demostrado en una medida suficiente como para iniciar una actuación judicial.  Sin embargo, se sabe que muchos cuerpos se dejaron abandonados en el cercano hospital de San Lorenzo (uno de los barrios de la comuna), se descubrieron varias fosas comunes y existen algunas evidencias que apuntan a que con el tiempo se descubrirán más.

Respuesta contra los usos del suelo por parte de los GAI

Una teoría económica predominante propone la violencia como una preferencia simple.  Douglas North, en particular, esbozó la idea de que los costos de transacción están relacionados con el conflicto.[xxix]  Las personas recurrirán a la violencia cuando el costo de hacerlo se perciba como menor que el costo de una transacción no violenta.[xxx]  Cada una de las actividades relacionadas con los usos del suelo propuestos anteriormente pueden sopesarse a la luz del hecho de que a menudo no estuvieron disponibles mecanismos no violentos para determinar (especialmente entre los GAI) quién disfrutaría los usos ilícitos del suelo sin restricciones ni sanciones.  Mientras tanto, las actividades relacionadas con los usos ilícitos del suelo mostraron preferencias arquitectónicas específicas, evidencias del mercado, peculiaridades o deficiencias legales, o hábitos humanos conexos que señalan o canalizan el paradero de los perpetradores que forman parte de los GAI.[xxxi]

Las respuestas del gobierno de Medellín a los usos ilícitos del suelo fueron, en gran medida, respuestas de usos del suelo.  La administración de la ciudad decidió construir un teleférico (como prolongación del sistema público de metro) que abriría el municipio en profundidad.  La administración creó un barrio planificado para personas recién llegadas a la ciudad, separado de los barrios antiguos de la Comuna, reduciendo así la presión de los pequeños conflictos territoriales.  La ciudad completó un túnel para automóviles que desviaría y canalizaría el tráfico lícito a través del municipio.  Centralizó y racionalizó la inscripción y el pago de los servicios municipales.  Formalizó todas las calles y direcciones, de forma tal que las órdenes arresto pudieran cumplirse sobre la base de un censo exacto.[xxxii]  La policía y los militares del gobierno se beneficiaron con la geografía forense, ya que se comenzó a creare perfiles de la posible ubicación de los miembros de los GAI para poder arrestarlos o hacerles entrega de órdenes judiciales.  Es menos probable que las empresas lícitas que necesitan hacer uso legal del suelo en los barrios, especialmente aquellas que cumplen con el pago de sus impuestos formales, coexistan en lugares que sufren el cobro de “impuestos” por parte de los GAI. La correlación entre los bienes raíces y el cumplimiento activo de las normas y los impuestos legales, así como la disponibilidad de mecanismos para la resolución de conflictos relacionados con el uso del suelo, son por sí mismas una evidencia que delimita geográficamente la presencia de grupos armados ilegales internos y externos.

La categorización y el levantamiento de mapas de los usos del suelo, además de revelar patrones y correlaciones útiles para la definición de perfiles geográficos y otras labores forenses, también pueden conformar la información básica con la cual establecer y mantener un contrato social pacífico a largo plazo.   En la Comuna 13, el gobierno aseguró los puntos de terreno que habían suscitado la competencia más feroz.  La policía construyo un fortín en el terreno de la Comuna más predominante desde el punto de vista militar, y el Ejército Nacional de Colombia apostó destacamentos en diversas propiedades que habían sido las más disputadas.

Los planificadores públicos determinaron que ciertos actos de violencia guardaban relación con la ausencia de servicios públicos, en contraste con las peleas territoriales por las rutas de tráfico ilícito.  En parte sobre la base de este análisis, consiguieron redirigir o reubicar algunas actividades marginalmente lícitas, crear y administrar programas para mantener a los niños en los edificios escolares, crear lugares seguros donde los residentes pudieran aportar pruebas de que se están organizando personas extrañas o delincuentes, etc.  Tal vez lo más interesante fue que el gobierno se aseguró de que las calles tuvieran un nombre claro, las direcciones fueran específicas, los residentes estuviesen registrados en sus localidades y los derechos de propiedad se formalizaran.  Entre otras cosas, esto hizo posible llevar a cabo registros legales y cumplir órdenes de arresto válidas.  Actualmente, en 2011, la Comuna 13 está sufriendo una recaída moderada en la violencia de bandas, aunque sus líderes y miembros han cambiado.  Esto significa que los análisis y los cambios en los usos del suelo que hizo Medellín no resuelven en su totalidad el problema de la paz urbana.  El gobierno de Medellín ha demostrado que son de ayuda.  La decisión tomada en 2002 por civiles y militares de recuperar, mantener y construir en la Comuna 13, tanto en términos de infraestructura física como de gobernabilidad, cambió de forma permanente la escala y la naturaleza del reto que supone alcanzar la seguridad.

Analizar desde la perspectiva del uso del suelo la presencia de grupos armados ilegales puede contribuir positivamente a la creación de un método de desarrollo urbano sostenible que luche contra el crimen y contra la insurgencia (probablemente con un formato de sistema de información geográfica, GIS).  El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas.  El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana.